Para los colombianos de toda una generación escuchar la palabra carro bomba es revivir un monstruo, es desenterrar las peores pesadillas que, gracias a los años, se han ido difuminando entre los recuerdos. Y eso fue lo que pasó el jueves 17 de enero, cuando a las 9:30 de la mañana, un carro bomba cargado con 80 kilos de pentolita detonó en la escuela de cadetes de la policía General Santander, la principal academia de policía del país. El saldo inicial de ocho muertos aumentó con el paso de las horas para finalizar en 21 muertos, entre ellos el conductor del vehículo, y 68 heridos.

Las víctimas del atentado, todos cadetes de la policía, no superaban los 30 años. Jóvenes aspirantes a policías, entre ellos cinco ecuatorianos. Ante semejante tragedia, grupos políticos y sociales convocaron a una marcha de apoyo a la policía para el domingo. Miles de personas salieron a demostrar su rechazo al acto terrorista, pero sobre todo a apoyar a la policía, porque en un país acostumbrado a la guerra, organismos como el ejército y la policía gozan de alta credibilidad y confianza entre los ciudadanos.

Pero más allá del dolor y del repudio o de las consecuencias institucionales, lo que pasó el jueves pasado en Bogotá desató una serie de preguntas y cambió el panorama y la agenda del país abruptamente. Voces de todos los sectores se preguntaban ¿Cómo pasan estas cosas si ya firmamos la paz? ¿Quiénes fueron los autores del atentado? ¿Cómo lograron entrar un auto lleno de explosivos a uno de los lugares más seguros del país? ¿Qué va a pasar ahora? Las redes sociales, campo de batalla y de desahogo del siglo XXI, se llenaban de mensajes de rechazo y las reacciones al hecho iban desde el dolor y la calma hasta la venganza dependiendo, entre otras cosas, de la orientación política.

Y es que desde hace más de 10 años, en Colombia se vive un ambiente polarización política que no se veía desde hace generaciones. El discurso de “si no estás conmigo estás contra mi” parece ser la máxima en temas políticos. Si bien esto es un síntoma de las sociedades modernas, sobre todo de los diálogos mediados por las redes sociales, lo que ocurre en Colombia tiene un tinte especial y es la paz vs. la guerra. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia en 2002, el país estaba sumido en un conflicto armado que dejaba unos 29.000 homicidios al año. La guerra contra el narcotráfico que en los 80 y 90 había desatado la ira de narcotraficantes como Pablo Escobar, con carros bomba y asesinatos selectivos, mutó a un fortalecimiento de los grupos armados de derecha –paramilitares- y de izquierda –guerrillas- con masacres, asesinatos y secuestros.

Por eso el discurso de seguridad y mano dura contra los grupos armados caló tan bien en el momento y logró que Uribe fuera el presidente con más altos índices de aprobación y apoyo de la historia, tanto así que logró fundar su propio partido político, mantenerse en la política como senador, tener millones de personas que lo siguen con devoción y poner los últimos dos presidentes del país: Juan Manuel Santos e Iván Duque. Santos, exministro de defensa de Uribe, de quien se esperaba siguiera con la política de mano dura y guerra contra los grupos armados, pero en un cambio de dirección que fue leída como traición por los uribistas, decidió entablar un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC, lo que le valió no solo un Nobel de Paz y el reconocimiento mundial, sino el apoyo de muchos colombianos por su apuesta a la paz y la inconformidad de la otra mitad no solo por “traicionar” a su jefe político sino por haberle entregado el país a las FARC con la de unos acuerdos de paz que incluyeron entre otras cosas, la posibilidad de que los exguerrilleros ocupen curules en el Senado. Y no solo eso, entablar un segundo proceso de diálogo con el otro grupo guerrillero del país, el ELN. Duque, hijo de las entrañas uribistas, un hombre joven y con poca experiencia en la política llegó a la presidencia hace cinco meses con la promesa de retomar el camino de la seguridad y revisar los puntos más problemáticos del acuerdo de paz con las FARC.

Por eso mientras las redes sociales se llenaban de mensajes que llamaban a la guerra y culpaban a la paz de Santos de lo ocurrido en la Escuela de Cadetes, con mensajes como el de Álvaro Uribe: “Qué grave que la Paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo!”, sorprendió el lenguaje moderado y el llamado a la clama del presidente Duque horas después del atentado, cuando llegó con miembros de su gobierno al lugar de los hechos, “Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la Fuerza Pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie”, dijo el presidente.

Los expertos y organismos de seguridad apuntaban a un solo culpable, el ELN, el segundo grupo guerrillero del país, con quienes se entabló un proceso de diálogo después de la exitosa firma de la paz con la más numerosa y antigua guerrilla del hemisferio, las FARC. Aunque el proceso con el ELN se había manejado hasta el momento con más bajo perfil que lo que fue con las FARC, desde que asumió Iván Duque la presidencia del país, eran más fuertes las voces que pedían muestras de avances en los diálogos y una demostración de voluntad de la guerrilla, pues seguían cometiendo atentados como asesinatos de militares y policías o contra la infraestructura energética.

Así las cosas, llegó la Navidad y con ella, el ya acostumbrado “cese al fuego humanitario” que no es más que la promesa de no cometer ningún acto durante la época de Navidad, algo así como unas vacaciones para la guerra. Pero según los indicios, para el ELN las vacaciones habrían terminado el 17 de enero.  

El mismo presidente Duque confirmó horas después que el ELN era el responsable del atentado, y que a raíz de esto, suspendía la mesa de diálogo que se tenía en Cuba y le exigía a este gobierno la captura inmediata de los negociados de la guerrilla que se encuentran en ese país. Si bien su discurso fue una vez más en tono moderado y con un llamado a la unidad, sorprendió la decisión de suspender los diálogos, entre otras cosas por las implicaciones que esto tiene ante la comunidad internacional. Y es que si bien es entendible la reacción de pararse de la mesa, la petición de la captura es algo más complicado, pues cuando se iniciaron los diálogos, en febrero de 2017, primero en Ecuador y luego en Cuba, se activaron unos protocolos que entre otras cosas protegen a los negociadores en casos hipotéticos como la ruptura de las conversaciones, y aunque el gobierno insiste en que ese protocolo fue firmado por el anterior presidente, internacionalistas y expertos aseguran que estos documentos los firman los gobiernos de un país, por lo que deben ser respetados aun cuando haya un cambio de mandato.

Pero la semana finalizaba y solo faltaba un detalle, que alguien se atribuyera el atentado, y como apuntaban todas las evidencias, lo hizo el ELN la madrugada del lunes a través de su página web en un comunicado justificando el ataque  pues el gobierno “no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año", y que el atentado fue una acción de "legítima defensa".

Así las cosas, el tono de quienes exigen todo el peso de la ley contra los guerrilleros subió, como también el de quienes esperan reacciones más moderadas. Lo único cierto de todo esto es que la guerrilla del ELN se convirtió en el enemigo público de todo el país, la guerra y la paz y los temas de seguridad volvieron a ocupar la agenda justo en el momento en que de a poco los colombianos estábamos prestándole más atención a otros asuntos como la educación, la economía e incluso el medio ambiente. Por eso, muchos no dudan en afirmar que lo único que demuestra este atentado es lo poco que han cambiado las cosas en Colombia, donde a pesar de una pomposa firma de paz, con apretones de manos y ceremonias, quedan muchos cabos sueltos para hablar de una sociedad por fuera de un conflicto armado.