Los
indocumentados en EEUU tendrán que
esperar a otra gran reforma pendiente en el Congreso, la de
inmigración, para acceder a la cobertura médica universal, al quedar
excluidos de la reforma sanitaria que promulgó este martes el presidente
Barack Obama.

A juzgar por las declaraciones recientes de
legisladores
republicanos, ésa también afrontará una lucha cuesta arriba cuando
llegue -si finalmente llega- a los pasillos del Congreso este año.

La
mayoría de los grupos pro-inmigrantes se han apurado a elogiar
la reforma de salud, promulgada con gran pompa por Obama, cuyo
objetivo principal es ampliar la cobertura médica a 32 millones de
personas.

Aunque la reforma beneficiará a unos nueve millones de
hispanos,
este episodio "histórico" en la lucha por la justicia social en EEUU
también ha sido agridulce para la comunidad inmigrante.

El texto
de la reforma sanitaria deja en pie la espera de cinco
años para que los residentes legales puedan acceder a la asistencia
federal del programa de "Medicaid".

También excluye cualquier
posibilidad de que los inmigrantes
indocumentados, que por ley federal no pueden recibir beneficios
públicos, puedan participar en los llamados "intercambios de salud",
o mercados de seguros privados, aunque paguen de su propio bolsillo.

La
Casa Blanca siempre ha insistido en que no se pueden mezclar
peras con manzanas y que la reforma de salud nunca fue el vehículo
idóneo para resolver la inmigración ilegal.

Aún así, los grupos
defensores de los inmigrantes, entre ellos
Latinos Unidos para el Cuidado de Salud (LUH) y la Agenda Nacional
de Liderazgo Hispano (NHLA) han señalado que estarán atentos al
liderazgo de la Casa Blanca y del Congreso para resolver, al menos,
los asuntos que afectan a los residentes legales.

En particular,
señalan que los inmigrantes legales pagan
impuestos al igual que los ciudadanos y, por lo tanto, no tienen que
esperar cinco años para recibir beneficios de "Medicaid".

Se
quejan también del "oneroso" proceso de verificación que, a su
juicio, impide que las minorías, los residentes legales, las
personas de bajos ingresos y los ancianos puedan acceder a los
"intercambios de seguro".

Sería el colmo, según lo explican, que
estas personas no puedan
acceder a programas y servicios públicos que están financiados con
sus impuestos.

Cada elemento en la monumental reforma sanitaria,
convertida en
ley, tiene su razón de ser y, en algunos casos, fueron parte de
las negociaciones para asegurar su ratificación en el Congreso.

Lo
que queda claro es que para que los indocumentados puedan
ampararse a programas de salud tendrán primero que obtener sus
"papeles" y eso, a su vez, dependerá de si el Congreso aprueba este
año la reforma migratoria.

Los republicanos han advertido en los
últimos días de que, así
como quedaron excluidos de las negociaciones para la reforma
sanitaria, los demócratas pueden ir olvidándose del bipartidismo
cuando se negocie la de inmigración.

Esa advertencia la hecho
varias veces el senador republicano
Lindsey Graham, que junto con el senador demócrata Charles Schumer
presentó la semana pasada una propuesta marco de cuatro puntos para
impulsar la reforma.

El senador y ex candidato presidencial
republicano, John McCain,
ha tenido una larga trayectoria a favor de la reforma migratoria,
sobre todo porque el estado que representa, Arizona, ha sufrido los
embates de la inmigración ilegal.

Pero, ahora, no sólo ha estado
ausente del debate migratorio sino
que acusa a los demócratas de haber "envenenado el pozo", y asegura
que los republicanos no cooperarán en la reforma migratoria.

La
movilización nacional en Washington el domingo pasado a favor
de una reforma migratoria fue el pistoletazo para la campaña de
presión que mantendrán los grupos defensores de los inmigrantes.

Tanto
demócratas como republicanos harían bien en escuchar el
reclamo de estos grupos -lo hizo el presidente republicano Ronald
Reagan cuando promulgó una "amnistía" en 1986-, o pondrían en riesgo
el apoyo de esta pujante minoría.