En 2017, el ex congresista de Miami, David Rivera, firmó un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares por tres meses de trabajo con el gobierno de Venezuela que se suponía que iba a ser utilizado para hacer "consultoría estratégica" para construir puentes con importantes actores de Estados Unidos. 

Según nuevas acusaciones en una demanda civil presentada en un tribunal federal de Nueva York el viernes 20 de agosto, Rivera no sólo no hizo ningún trabajo para Venezuela, sino que canalizó una gran parte del dinero del contrato a una empresa de yates en nombre de un multimillonario fugitivo. 

Los opositores al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentaron la demanda como los que ahora controlan las sucursales y los socios estadounidenses de la petrolera estatal venezolana. Si bien Rivera no ha sido acusado de ningún delito en particular, la nueva demanda y su reclamo dan una mirada al interior de su relación y negocios con la compañía petrolera estatal de Venezuela, así como el dinero que recibió y cómo lo gastó. 

En 2020, la empresa de consultoría de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada por la sucursal de Citgo, propiedad de Venezuela, con sede en Delaware. Afirma que Rivera no hizo ninguno de los trabajos a los que estaba obligado por contrato. Ese mismo contrato está en cuestión en una investigación penal en curso por parte de los fiscales federales de Miami. También están investigando si Rivera se registró como lobista extranjero o no, como le exigía la ley. 

En el momento de la firma del contrato, el gobierno de Maduro le había tomado el gusto al entonces nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negándose a criticarlo. A través de Citgo, él y su gobierno donaron más de 500.000 dólares a su comité inaugural. Las acusaciones y la demanda 

se basan en información recientemente descubierta por los abogados de PDV en Estados Unidos, que incluye 18.000 textos y mensajes de WhatsApp de su teléfono, así como declaraciones hechas durante su declaración de dos días en julio. 

Según la presentación, Rivera recibió 15 millones de dólares del dinero de los 50 millones originales y los gastó en parte en pagos a un narcotraficante convicto, así como a una empresa de yates en nombre de un multimillonario venezolano, y personalidad de la televisión que actualmente es buscado por las autoridades estadounidenses. A cambio, Rivera presentó su propia contrademanda contra PDV USA por incumplimiento de contrato, así como por no haber pagado los 30 millones de dólares que aún se le deben del contrato. 

Según la presentación, "el Sr. Rivera nunca prestó ningún servicio a Citgo y, al parecer, nunca tuvo la intención de hacerlo - En cambio, el verdadero propósito del acuerdo era encubrir transacciones ilícitas". 

En la demanda, muestra pruebas de mensajes entre Rivera y Raúl Gorrín, un trabajador de Maduro que también es dueño de la mayor cadena de televisión privada de Venezuela. En los mensajes, muestra un claro indicio de transacciones y sobornos, como entradas para conciertos. Además, Rivera habló con él de intentar organizar una reunión entre el primer ministro de Venezuela y Exxon, la compañía petrolera estadounidense. 

En su declaración, Rivera fue incapaz de explicar los mensajes y afirmó que no los recordaba. Rivera intentó que el tribunal descartara los mensajes alegando que se trataba del privilegio abogado-cliente, ya que Gorrin es abogado. Sin embargo, Gorrin no tiene licencia para ejercer en el estado y un juez dictaminó que no cumplía los requisitos necesarios para eliminarlo de la demanda y se vio obligado a entregar los mensajes y textos.

Of the $15 million he received, over 75% was transferred to other unnamed individuals. $3.75 million of that was according to the suit, given to InterGlobal Yacht Company, a Miami based company. 

The former Republican congressman only served one term in Congress back in 2011-2013. Rivera throughout his career has been involved in many election-related controversies, which includes last year when he was fined $456,000 for violating campaign finance laws when he was the mastermind behind a secret funding plan for Democratic candidates to take on one of his rivals in a South Florida congressional race.