Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este lunes que la familia de un inmigrante salvadoreño que murió después de que le negaran tratamiento mientras estaba detenido no puede demandar a los médicos porque una ley federal lo prohíbe.

Francisco Castañeda se quejó insistentemente de dolor en el pene, pero los médicos le dieron antihistamínicos y antibióticos, en lugar de realizar la biopsia recomendada por los especialistas.

El salvadoreño murió después de que el cáncer que sufría en el pene se extendiera por el resto del cuerpo y su caso se ha convertido en un ejemplo de la deficiencia del cuidado sanitario dado a los inmigrantes en los centros de detención de EE.UU.

Con el apoyo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, en inglés), su familia demandó a los médicos que se negaron a tratarlo adecuadamente, los cuales están protegidos por una ley de 1970 que dio inmunidad al personal sanitario que trabaja en los centros de detención de inmigrantes.

El caso llegó al Supremo, ante el cual los demandantes alegaron que esa ley va contra el interés público y que hacer responsables a los médicos de sus actos es necesario para garantizar un cuidado adecuado en los centros de detención.

Los magistrados no intentaron refutar esos argumentos, pero dijeron estar obligados "a leer la cláusula de acuerdo con el texto" y éste "claramente" da inmunidad al personal sanitario, según escribió en la decisión la jueza Sonia Sotomayor en nombre del Supremo, que fue unánime.

Con ello el Supremo anuló una determinación de un tribunal de apelaciones, que había permitido la demanda de los familiares de Castañeda, quienes podrán emprender acciones sólo contra el gobierno federal por una vía legal que limita los daños y perjuicios que pueden reclamar.

Catañeda llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años, huyendo de la guerra civil en El Salvador junto con su madre, que también murió de cáncer, y nunca logró documentos de residencia legal.

"Luego de la muerte de mi madre, busqué apoyo en mi comunidad pero en cambio, me encontré envuelto en las drogas, lo que hoy todavía lamento profundamente", afirmó Castañeda en 2007 en una audiencia ante un comité del Congreso que examinaba la atención médica en los centros de detención de inmigrantes.

Cumplió ocho meses de cárcel en 2005 por posesión de metanfetaminas y después fue detenido por las autoridades migratorias, que iniciaron el proceso para su deportación.

Castañeda pidió repetidamente ser examinado por una lesión en el pene, mientras estaba encerrado en una prisión en San Diego y posteriormente en un penal en San Pedro (California).

Un especialista alertó de que podría tratarse de un cáncer y recomendó tratamiento "urgente", pero el detenido no lo recibió.

Bajo presión de la ACLU en 2007, las autoridades finalmente ordenaron la biopsia, tras haberse negado a ello durante diez meses.

Pusieron a Castañeda en libertad justo antes de la intervención, lo que les ahorró el costo médico.

Los médicos del hospital Harbor-UCLA le diagnosticaron cáncer e inmediatamente le amputaron el pene, pero ya era demasiado tarde, pues las células malignas se habían extendido. Castañeda murió en febrero de 2008 a los 36 años de edad.

Su abogado, Conan Doyle, mantiene que si el cáncer se hubiera detectado antes y tratado oportunamente el inmigrante estaría con vida.