El escándalo por prácticas de
espionaje que sacude a la clase política argentina se agravó el martes
después de que el juez encargado del caso apuntara que las escuchas
ilegales podrían haber alcanzado también a la presidenta, Cristina
Fernández, y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

El fiscal general Alberto Nisman solicitó hoy al juez que lleva
el caso que ordene la detención del ex comisario y ex jefe de la
Policía Metropolitana de la capital argentina, Jorge "Fino"
Palacios, mientras que el jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, Mauricio Macri, destituyó al subjefe del cuerpo, Osvaldo
Chamorro.

El caso se destapó en octubre, cuando se conocieron supuestas
prácticas de escuchas ilegales a un familiar de una víctima de
atentado contra la mutualista judía AMIA por parte de Palacios,
quien se vio obligado a renunciar a la jefatura de la Policía
Metropolitana en medio de una tensa polémica entre el gobierno
capitalino y el Ejecutivo nacional.

Lejos de apagar los ecos del escándalo, la dimisión de Palacios
fue la primera etapa de un proceso que ha destapado escuchas
ilegales a familiares de víctimas de la AMIA -que en 1994 causó 85
muertos-, políticos, periodistas y que, según las últimas
revelaciones del juez del caso, podría incluso afectar a la
mandataria y su esposo.

"También parece que habría datos personales de nuestra presidenta
y de su esposo. Vamos a investigar todo", sostuvo el juez Norberto
Oyarbide, en alusión a datos encontrados en una computadora de la
agencia de seguridad Security Consulting controlada por Palacios.

El magistrado aclaró que la investigación "todavía no está
completa", pero admitió que en ordenadores incautados a los
sospechosos "también estaban los datos personalísimos" de Fernández
y su marido.

El asunto es "extremadamente delicado", apuntó en declaraciones a
emisoras locales, aunque matizó que es necesario que la Secretaría
de Inteligencia del Estado (servicio secreto) confirme las
sospechas.

Según medios locales, en las computadoras de la agencia
controlada por Palacios se habría encontrado información sobre la
situación patrimonial y financiera de políticos, sindicalistas,
periodistas -como el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre-
y hasta funcionarios del gobierno de la ciudad, como el jefe de
Gabinete, Horario Rodríguez Larreta.

El fiscal ampara la orden de detención en las escuchas ilegales
instrumentadas por Palacios a Sergio Burstein, familiar de una de
las víctima del atentado de la AMIA.

Nisman considera que Palacios incurrió en delitos de violación de
la intimidad, abuso de autoridad como jefe de la Policía
Metropolitana y falsificación de documentos públicos.

El caso se complicó aún más la pasada semana, cuando Néstor
Leonardo, uno de los cuñados de Macri, resultó herido leve al ser
atacado en las puertas de su casa un día después de acusar a su
suegro de "hostigamiento" y de intervenciones ilegales de sus
teléfonos al ser citado como testigo por el juez Oyarbide.

El magistrado mantiene procesado y detenido a Ciro James, antiguo
agente de la Policía Federal y funcionario del Ministerio de
Educación de Buenos Aires que aspiraba a formar parte de la Policía
Metropolitana que Macri pretende poner en marcha el 10 de diciembre
próximo.

El alcalde impulsó la creación de esta fuerza de seguridad tras
el fracaso de sus gestiones con el Gobierno nacional para que
traspasara parte de la Policía Federal a la órbita de la capital
argentina con sus fondos correspondientes, que rondan unos 250
millones de dólares anuales.

Tras el estallido del escándalo, Macri, ex presidente del popular
club de fútbol Boca Juniors, se declaró víctima de maniobras
políticas de quienes se oponen a la Policía Metropolitana

Para el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat,
"Macri ha cometido otro yerro de principiante político que lo está
dejando, junto a su escasa capacidad operativa en la ciudad, al
costado del camino, al menos de la discusión política más grande en
Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2011".

En la legislatura porteña, las reacciones no se han hecho
esperar: el legislador opositor Juan Cabandié no descartó pedir un
juicio político contra el ministro de Seguridad porteño, Guillermo
Montenegro, por considerar que "es el responsable político del
accionar tanto de Chamorro como de Palacios".