Si bien actualmente no hay familias detenidas en el centro de detención del condado de Berks, ubicado en Leesport, Pensilvania, llegó a ser uno de los tres centros de detención para familias inmigrantes de Pensilvania.

Berks tiene un historial detallado y bien documentado de detención de niños de hasta tan solo dos semanas de vida, negligencia médica, agresión sexual y condiciones laborales y salarios injustos.

Según Jasmine Rivera, organizadora comunitaria de Shut Down Berks Coalition (Coalición por el Cierre de Berks), los migrantes detenidos fueron obligados a usar todos los días la misma ropa que usaron al cruzar la frontera por primera vez, incluida la ropa interior.

“Así pues, imaginen usar el mismo par de calzoncillos durante dos años”, dijo Rivera.

“Así pues, imaginen usar el mismo par de calzoncillos durante dos años”, dijo Rivera.

Para solucionar esto, los miembros de la coalición empezaron a preguntar a las familias qué necesitaban en cuanto a ropa, y averiguaron sus tallas. Lograron hacer un crowdfunding para financiar la ropa, pero se encontraron con un obstáculo inesperado.

En noviembre de 2014, surgió un caso de agresión sexual, descubriéndose que un miembro del personal de Berks estaba insinuándose y abusando sexualmente de una madre de 19 años.

En una forma retorcida de respuesta preventiva, el centro decidió que las mujeres detenidas sólo podían vestirse con ropa holgada, para no “excitar” a los guardias u otros miembros del personal.

La arcaica regla significaba que toda la ropa que Rivera y su equipo proporcionaban tenía que ser aprobada por el personal, y todas las prendas de vestir consideradas inapropiadas o “demasiado ajustadas” se desechaban.

En 2017, la organización también descubrió que el personal de Berks ya no proporcionaba a los detenidos artículos higiénicos, como jabón, champú, pasta de dientes y desodorante.

“Entonces tuvimos que empezar a traer este tipo de artículos básicos para la higiene de una persona. Ya no les daban más ”, dijo Rivera.

Este fue solo el comienzo de los muchos dolores de cabeza a los que se enfrentó la coalición en su batalla para cerrar el centro de detención y liberar a las familias inocentes alojadas allí.

El nombre legal del centro es Centro Residencial del Condado de Berks, pero como dijo Rivera, los miembros de la coalición son “muy claros en la forma en que hablamos de las cosas”.

“Vamos a llamarlo por lo que es. Es una celda de prisión. Lo llamamos centro de detención porque la gente no puede irse por su propia voluntad ”, dijo.

La organización, formada por abogados, organizadores, líderes inmigrantes y aliados, ha estado trabajando para cerrar Berks desde 2015, y no fue hasta 2021 que se logró ese objetivo.

El domingo 28 de febrero, el senador de Pensilvania Bob Casey anunció que todas las familias que residían en el Centro Residencial del Condado de Berks, en Pensilvania, habían sido liberadas.

“Se trata de un paso muy atrasado para brindar justicia a las familias migrantes vulnerables, incluidos los niños”, escribió Casey en un tuit.

La victoria fue el resultado directo de los incansables esfuerzos de los muchos miembros de la Coalición Shut Down Berks.

Fue una victoria significativa, pero el viaje fue largo y arduo, y aún está lejos de terminar.

El hecho de que Berks haya podido permanecer abierto durante tanto tiempo es cuestionable, considerando la ilegalidad de su funcionamiento.

Por ejemplo, en 2009, y nuevamente en agosto de 2015, un tribunal federal dictaminó que la práctica de detener a niños en entornos carcelarios durante períodos prolongados era ilegal y ordenó al ICE que cumpliera con el Acuerdo Flores original, que determina que la detención familiar es ilegal.

Sin embargo, la instalación siguió funcionando y Shut Down Berks continuó luchando, a menudo junto a los propios migrantes detenidos.

En agosto de 2016, 22 madres realizaron una huelga de hambre para protestar por pasar un año entero bajo custodia. Escribieron una carta al DHS Jeh Johnson, escribiendo que sus hijos habían considerado repetidamente quitarse la vida debido al “confinamiento y desesperación” de vivir en las instalaciones.

La protesta se produjo después de que Johnson defendiera las controvertidas prácticas de detención familiar de la administración Obama diciéndoles a los periodistas: “la duración promedio de estadía en estas instalaciones es de 20 días o menos”.

También en 2016, 14 madres organizaron su propia protesta porque sabían que miembros de Shut Down Berks protestarían simultáneamente fuera del centro.

Rivera dijo que las mujeres se auto-organizaron en el interior, llevaron a sus hijos a la protesta y crearon camisetas con lemas poderosos, pero que fueron separadas de la coalición por una valla.

“Siempre estuvo claro, [Berks] siempre nos dijo que no podíamos estar del otro lado de la calle y que no podíamos cruzar a su propiedad”, dijo Rivera.

“Y todos esos bebés … Tenían tres, cuatro años; ellos también estaban protestando. Algunas personas decidieron cruzar la calle y abrazarlas, y fueron arrestadas por abrazar ”, continuó.

En 2018, un grupo de psiquiatras, después de enterarse del trabajo de Shut Down Berks, se organizó de forma independiente para exigir que el gobernador Tom Wolf promulgue una orden de expulsión de emergencia, citando múltiples formas en las que la detención no solo es dañina, sino ilegal.

La propia Rivera investigó un poco los problemas legales y luego unió fuerzas con el Centro Scheller para la Justicia Social de la Universidad de Temple para producir un memorando legal que describía los poderes legales de PA DHS y el Gobernador para cerrar el Centro de Detención de Berks.

El memorando describió algunos hallazgos clave que fácilmente podrían haber llevado al cierre oficial de la instalación, pero desafortunadamente no fue así.

El Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania (PA DHS) tiene la autoridad para regular Berks. A pesar de que Berks todavía tiene detenidos federales, todavía se aplican las leyes estatales sobre el funcionamiento de las instalaciones residenciales para niños.

PA DHS no estaría violando la ley federal (estaría cumpliendo con el Acuerdo de Flores) si emitiera una Orden de deportación de emergencia o una orden de cese y desistimiento.

A pesar de todo el abuso documentado, el daño psicológico, los problemas legales y el memorando del Centro Sheller,  no se promulgó tal ERO.

Rivera cree que fue porque “no valía la pena el capital político”.

Rivera cree que fue porque “no valía la pena el capital político”.

“Y eso es, en última instancia, a lo que se reduce: que el Partido Demócrata ha tomado una decisión muy clara de que no van a ser los campeones de los inmigrantes. Y muy específicamente, el gobernador, la administración Wolf ha tomado la decisión de que esto no es algo en lo que van a gastar capital político ”, dijo.

Las familias detenidas en Berks fueron liberadas en febrero, pero poco después de la victoria, se descubrió que el ICE y el condado de Berks tenían planes de convertir el espacio en una prisión para mujeres inmigrantes adultas.

El lunes 8 de marzo, más de 100 organizaciones, incluido Shut Down Berks, escribieron una carta a la administración de Biden, instándoles a rescindir todos los contratos de ICE y DHS dentro del país y cerrar el centro del condado de Berks de una vez por todas.

Más tarde ese mes, Make the Road PA y siete miembros individuales de la comunidad demandaron a los comisionados del condado de Berks por violar la Ley Sunshine al participar en deliberaciones secretas sobre una propuesta del ICE para el uso futuro de la instalación.

El lunes 7 de junio, un juez del condado de Berks dictaminó que los residentes de Berks que demandaron a los comisionados por votar a favor del plan del ICE sin la participación y el permiso del público pueden seguir adelante con su demanda, lo que marca otra victoria para el movimiento.

Sin embargo, el futuro del centro aún está en juego, y la lucha para poner fin a la detención familiar y la detención de todos los migrantes en los EE. UU. continúa.

“Estamos aquí para luchar por la liberación de todas las personas. Si bien estamos muy concentrados en nuestros esfuerzos diarios para cerrar esta prisión, es un enfoque pequeño. Somos parte de un movimiento más grande y estamos en total solidaridad con ellos”, dijo Rivera.

Este sentimiento también lo comparte Adrianna Torres-García, directora de programa del Proyecto Migración Libre, que forma parte de la Coalición Shut Down Berks.

Torres-García cree en la abolición y la descolonización como valores fundamentales para su trabajo en la coalición y dentro del movimiento social en general.

“Soy una defensora de la abolición en lo que respecta a la prisión, pero también en lo que respecta a la inmigración, específicamente porque veo que los dos están conectados con el daño. Y dañan a grupos similares de personas, y ambos se basan en el racismo y la xenofobia, y no en nada que sea fáctico ”, dijo Torres-García.

No cree que se pueda lograr la verdadera libertad hasta que todos los detenidos sean libres. La libertad no existirá “hasta que las personas que huyen de los daños o simplemente quieran venir a este país para construir una vida para sí mismas puedan hacerlo sin estar enjauladas”.

Torres-García ve la descolonización como un proyecto a largo plazo que solo puede comenzar realmente una vez que se complete la abolición. Una vez que se abuele el sistema y se cree un sistema más justo y equitativo, entonces puede comenzar el proceso de descolonización tanto de las mentes como de los sistemas.

“No creo que podamos tener plena libertad hasta que reconozcamos que esta tierra es robada. Creo que es importante que veamos la tierra y veamos recursos materiales para la gente original de esta tierra ”, dijo.