Después de que el día jueves el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, recibiera una condena preventiva por la trama de Petrobras, la Justicia peruana ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Los cargos son bastante parecidos en el caso peruano: tanto a Humala como a Heredia se les acusa de lavado de activos y asociación ilícita, tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht, responsable del escándalo de la constructora que sobornó a varios países de América Latina.

Según Odebrecht, el ex presidente peruano y su esposa habrían recibido hasta 3 millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista en 2011.

La pareja habría declarado que se trataba de una “persecución política” y se entregaron voluntariamente, mientras que sus abogados Wilfredo Pedraza y Julio César Espinoza han asegurado que apelarán la decisión, según informó Univisión.

“Con esta decisión, Humala se une al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en los Estados Unidos de la Justicia peruana acusado de haber recibido 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país, en la lista de mandatarios peruanos salpicados por la corrupción”, continúa el reportaje.

El caso de Humala y su esposa trae un agravante pues el juez encargado del caso consideró que la prisión preventiva era necesaria para evitar que el ex presidente pudiera “obstaculizar la acción probatoria y que se sustraiga de la acción de la Justicia”, como hubiese intentado previamente al conseguir un empleo en Ginebra en el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, puesto que le fue facilitado gracias a la vinculación de Odebrecht con el Partido de los Trabajadores del ex presidente brasileño Lula da Silva.

De la misma manera, el juez declaró que “existe un alto grado de probabilidad de que hubieran recibido dinero de Venezuela. Dos personas han presenciado que sacaban maletas con billetes e la embajada”.

Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz – quien recientemente rompió filas con el chavismo y se ha transformado en pilar fundamental de la oposición al régimen de Nicolás Maduro – denunció este jueves que el Tribunal Supremo de Justicia estaría bloqueando la investigación de funcionarios que supuestamente “recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht”.

Según reportó CNN, la información habría sido hecha pública por la Fiscal “cuando participó vía telefónica en la conferencia de fiscales Iberoamericanos realizada en Buenos Aires”.

“Ortega reveló que esta semana el Tribunal Supremo de Justicia quitó la facultad de imputar. La condición es que el Ministerio Público debe hacer cualquier imputación frente a un juez, lo que calificó como una obstaculización del ejercicio de la acción penal”, continuó el reporte.

Según la Fiscal, la obstrucción a la justicia por parte del Tribunal Supremo venezolano, sería “un precedente gravísimo (…) porque esto puede afectar a todos los países de la región”.

El entramado de corrupción del caso Odebrecht ha servido como medio de contraste en la política latinoamericana, y su investigación ha demostrado los corruptos cimientos de la supuesta Revolución Socialista en la región, cuyos máximos representantes han desfalcado a sus países, traicionando la confianza de sus ciudadanos y demostrando una vez más el fracaso histórico del populismo.