La Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló el martes a seis de los trece
magistrados elegidos para dirigir el Poder Judicial de integrar una
estructura paralela de poder que busca controlar las Cortes de este
país para procurar impunidad.

El jefe de la CICIG, el jurista español Carlos Castresana, dijo
en rueda de prensa que los magistrados "tachados" fueron elegidos
por el Parlamento a pesar de que la información que los vincula con
esa estructura "por una vía o por otra estaba ya a disposición" de
los diputados.

Los magistrados señalados por la CICIG, incluidos en la lista de
los trece elegidos la semana pasada por el Congreso para dirigir la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), son Thelma Aldana, Manuel
Pocasangre, Dimas Bonilla, Elda Nájera, Jackeline España y Mynor
Franco.

Según Castresana, estos magistrados fueron promovidos para ser
electos por un "grupo paralelo" que controla supuestamente las
Cortes del país, dirigido por el abogado y empresario Roberto López
Villatoro, quien es investigado por la CICIG por diversos delitos.

López Villatoro, ex familiar político del general golpista José
Efraín Ríos Montt, líder del derechista partido Frente Republicano
Guatemalteco (FRG), es conocido como "El rey del tenis" por su
presunta participación en el contrabando de zapatos deportivos al
país.

Este empresario, aseguró Castresana, "desde hace varios años está
cooptando magistrados de diversos ordenes jurisdiccionales y
jerarquías con el propósito de controlar directa o indirectamente
tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema" de Justicia.

Esta información "corresponde a una investigación en curso de
esta Comisión, que nosotros hubiéramos preferido no tener que
desvelar, pero que ante la relevancia de la elección que compromete
el futuro del Organismo Judicial en los próximos cinco años, hemos
tenidos que poner en conocimiento del Congreso", agregó Castresana.

El jurista español aseguró que la CICIG, ente auspiciado por las
Naciones Unidas, investiga a López Villatoro y otras personas, cuyos
nombres no reveló.

Esa comisión internacional entregó ayer al Parlamento un pliego
de más de 500 folios que contienen las pruebas de cargo en contra de
los magistrados señalados, y hoy Castresana explicó personalmente a
los líderes de los bloques legislativos los detalles de los
señalamientos.

Además de tener vínculos con partidos políticos y de participar
en negocios con el Estado, la CICIG aseguró que los magistrados
"tachados" han participado en decenas de casos de adopciones
ilegales, han defendido a narcotraficantes, militares acusados de
violaciones a derechos humanos y ex funcionarios procesados por
delitos de corrupción.

"Este conjunto de intereses canalizados a través de esta persona
(López Villatoro) ha colocado prácticamente a la mitad" de los
candidatos a magistrados de las Cortes del país, precisó el jefe de
la CICIG.

La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica
del país, suspendió el pasado viernes de forma provisional la
elección de los trece magistrados, tras amparar a tres abogados que,
a titulo personal, cuestionaron la inclusión de seis magistrados que
consideraron que "no son idóneos" para dirigir el Poder Judicial.

En su fallo, la CC ordenó al Congreso recoger de la ciudadanía
las pruebas que demuestren la supuesta falta de idoneidad y
honorabilidad de los magistrados elegidos, y tras analizarlas y
escuchar la defensa de los señalados, proceder a confirmar la
elección o rectificarla, en un plazo que expira el 13 de octubre.