El ministro colombiano de la
Protección
Social, Diego Palacio Betancourt, fue afectado este miércoles con la
formulación de cargos por parte de la Procuraduría General por haber
autorizado un contrato presuntamente de manera irregular.

Palacio
pudo incurrir en posibles irregularidades al haber
autorizado y permitido la suscripción y ejecución de un contrato de
prestación de servicios para redactar los decretos de una emergencia
social que finalmente fue declarada no ajustada a la Carta Magna por
parte de la Corte Constitucional en abril pasado.

Según la
Procuraduría, en ese contrato "se vulneró el principio
de la moralidad" y fue suscrito entre la cartera de Palacio y la
Asociación Centro de Gestión Hospitalaria

Tanto el representante
legal como otros miembros del equipo de
trabajo de dicha Asociación se encontraban en conflicto de
intereses, porque simultáneamente representaban intereses
particulares al hacer parte de juntas directivas de salud, señaló la
Procuraduría.

Por esos hechos serán investigados la directora
general de
financiación del Ministerio de la Protección Social, Luisa Fernanda
Bellini Pérez, y el director general de Gestión de la Demanda en
Salud, Leonardo Cubillos Turriago.

En marzo pasado, el mismo
procurador general, Alejandro Ordóñez,
había solicitado declarar como no ajustada a la Constitución la
llamada emergencia social que había declarado el Gobierno colombiano
en diciembre de 2009.

Ordóñez había señalado que los estados de
excepción solo pueden
decretarse cuando hay amenazas o crisis puntuales y sobrevinientes,
tal y como lo acogió la Corte que un mes después declaró sin validez
esa emergencia.

El Gobierno decretó la emergencia al argumentar
que las finanzas
de la salud amenazaban con un colapso y necesitaba una corrección
urgente.

Los cargos contra Palacio son de carácter disciplinario.