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Betancourt retira pedido de conciliación al Estado (Actualización)

La ex rehén colombiana retiró la acción de conciliación por perjuicios causados durante los  años que estuvo secuestrada por las FARC.  

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La ex rehén Íngrid Betancourt.

 

La ex candidata presidencial colombiana
Ingrid Betancourt, rehén de las FARC durante seis años y medio,
desistió hoy de una acción de conciliación contra el Estado, en la
que aspiraba a un pago millonario como resarcimiento a su largo
cautiverio, tras el aluvión de críticas recibidas.


El procurador
asignado al caso, Gabriel Herrera Vergara, "dio por
terminados los trámites conciliatorios" a petición de Betancourt, de
nacionalidad colombofrancesa, y su familia, explicó a periodistas el
procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Isnardo
Jaimes.


En dos peticiones de conciliación, presentadas el pasado
30 de
junio, Betancourt aspiraba a obtener del Estado colombiano una
indemnización de más de 6,8 millones de dólares.


Las solicitudes
de conciliación extrajudicial fueron presentadas
por sus abogados a nombre de la misma Betancourt, su madre Yolanda
Pulecio, sus dos hijos y su hermana Astrid.


Las aspiraciones de
la familia Betancourt fueron divulgadas el
pasado 9 de julio por medios colombianos e inmediatamente se generó
una oleada de críticas, incluso de otros ex rehenes.


El abogado
Gabriel Devis Morales, apoderado de los Betancourt,
presentó este martes ante la Procuraduría (Ministerio Público) las
solicitudes para retirar la conciliación.


Las acciones de
conciliación dirigidas contra el Estado, a través
del Ministerio de Defensa, exigían el pago de 13.000 millones de
pesos (unos 6,84 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados
a Betancourt cuando fue rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).


Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero
de 2002, en una
carretera del sureño y selvático departamento del Caquetá, cuando se
dirigía a un mitin político en San Vicente del Caguán, junto con su
compañera para la Vicepresidencia, Clara Rojas.


Según Betancourt,
hubo fallos de seguridad que propiciaron su
secuestro.


Pero esa denuncia ha sido desmentida tanto por altos
mandos
militares de la época como por sus propios ex escoltas, que afirman
que ella conocía los riesgos de viajar a la zona y decidió
asumirlos.


Betancourt permaneció cautiva hasta el 2 de julio de
2008, cuando
fue rescatada por el Ejército en la Operación Jaque junto con tres
estadounidenses y 11 policías y militares colombianos.


Aunque la
ex rehén aclaró el pasado domingo que no pretendía
demandar al Estado y que la indemnización solicitada era meramente
"simbólica", las críticas le siguieron lloviendo especialmente en
Colombia y en las redes sociales, donde la tildaron, entre otras
cosas, de "ingrata".


"Me arrepiento en la forma como la presenté
(la conciliación).
Los colombianos no quieren que se presente ninguna demanda. Yo no
quiero presentar ninguna demanda", declaró la política el domingo en
una entrevista concedida a Caracol Radio y a Caracol Televisión.


Dos
días antes, cuando fue difundida la conciliación y tras la
enorme reacción generada, su abogado señaló en un comunicado que "no
se ha demandado a nadie, ni al Gobierno colombiano, ni a las Fuerzas
Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la
operación de liberación" de Betancourt.


Añadió que refutaba
"totalmente las informaciones amañadas sobre
las condiciones en las cuales se produjo el secuestro" y subrayó que
desde el inicio del trámite de conciliación se le dieron
"instrucciones de no instaurar ninguna demanda contra el Estado
colombiano".


Para el defensor de Betancourt, "una conciliación es
una manera
de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que
brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del
terrorismo".


Este martes, el contralor general (controlador de
las cuentas
públicas), Julio César Turbay Quintero, advirtió sobre la cantidad
de demandas que se pueden registrar contra el Estado por parte de ex
secuestrados.


"De ser falladas (las demandas) en contra del
Estado, éste
entraría en insolvencia, en incapacidad de pago", alertó.


Sigifredo
López, ex rehén también de las FARC y ex diputado de la
Asamblea departamental del Valle del Cauca, único sobreviviente
entre doce legisladores regionales secuestrados en 2002 y liberado
en 2009, recordó hoy que demandó al Estado en febrero pasado "por
perjuicios".


López explicó que en su demanda aspira "a una
reparación", que
debe darse "con bienes incautados a las FARC".


En todas las
jurisdicciones del mundo, dijo, "la reparación es un
derecho y con las incautaciones se deben reconocer las reparaciones"
de los afectados.


Otros ex rehenes de las FARC, como los ex
congresistas Gloria
Polanco, Eduardo Gechem, Orlando Beltrán y Consuelo González de
Perdomo, también tienen pendientes procesos de demanda contra el
Estado colombiano por sus secuestros

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