El estado de Arizona (EE.UU.)
presentó su apelación ante un tribunal federal contra el bloqueo de
las provisiones más polémicas de su ley de inmigración conocida como 1070 y que entró en vigor este jueves.

El recurso, presentado ante el IX Circuito de Apelaciones en San
Francisco, pide que se levante el bloqueo ordenado ayer por la jueza
federal Susan Bolton para que la medida, que criminaliza la
inmigración ilegal, pueda aplicarse en su totalidad desde hoy.

Los abogados que representan al estado de Arizona piden en su
apelación que se actúe con rapidez.

En un comunicado, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó:
"hoy he presentado una apelación de urgencia para pedir al Tribunal
que levante el bloqueo impuesto por la jueza Bolton contra ciertas
provisiones de la SB1070 y que permita que esas provisiones entren
en vigor mientras se deciden los méritos del caso".

Al tiempo que Brewer presentaba la apelación, la Policía detenía
al menos a 40 manifestantes en las calles de Phoenix, capital del
estado, que se concentraban contra la ley de inmigración.

En su dictamen el miércoles en Phoenix, la jueza Bolton ordenó el
bloqueo de tres provisiones clave, incluida la obligación de los
agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona
a la que hayan detenido por otras razones.

También queda en suspenso la aplicación de otra sección que
obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación
que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.

Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que
los inmigrantes indocumentados pidan empleo en lugares públicos.

Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes
indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se
considera que residen doce millones de indocumentados.