En un nuevo y alarmante giro de su política migratoria, el presidente Donald Trump está considerando suspender el habeas corpus, la garantía constitucional que permite a cualquier persona detenida impugnar su arresto ante un tribunal. La medida, que apenas ha sido usada en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, ha encendido las alertas entre juristas, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.

“La Constitución es clara... el privilegio del habeas corpus puede suspenderse en tiempos de invasión”, dijo el viernes Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca, al justificar por qué el gobierno está "explorando activamente" esa posibilidad. Trump ha calificado repetidamente la migración irregular como una “invasión” y ha buscado acelerar deportaciones sin intervención judicial. Pero muchos jueces federales han bloqueado sus acciones, alegando que violan el debido proceso.

Un obstáculo llamado Constitución

El habeas corpus ha sido históricamente uno de los pilares del sistema legal estadounidense, consagrado en la Carta Magna como una salvaguarda frente a detenciones arbitrarias. Solo se ha suspendido en circunstancias extremas, como durante la Guerra Civil bajo Abraham Lincoln o tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.

Sin embargo, en lo que va de 2025, múltiples jueces han fallado en contra de las deportaciones sumarias ordenadas por el gobierno Trump, precisamente por la ausencia de garantías procesales básicas. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante venezolano deportado en marzo bajo una acusación infundada de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, y enviado sin juicio a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Días después se supo que había sido un error.

El episodio encendió las alarmas. No solo por la evidente violación al debido proceso, sino por la forma en que el gobierno utilizó una antigua ley de 1798 —el Acta de Enemigos Extranjeros— para justificar la deportación colectiva de presuntos criminales sin revisión judicial.

Deportaciones masivas y acuerdos secretos

Desde enero, Trump ha puesto en marcha una estrategia de deportaciones aceleradas, amparándose en legislación poco utilizada y estableciendo acuerdos secretos con gobiernos aliados, como el de Nayib Bukele en El Salvador. Según informó la Casa Blanca, se pagaron seis millones de dólares para que el país centroamericano encarcelara a cientos de migrantes —en su mayoría venezolanos— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Este acuerdo ya ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por al menos cuatro organizaciones de derechos humanos. En su denuncia, afirman que los migrantes fueron víctimas de desapariciones forzadas y que sus familiares no han recibido información ni sobre el paradero ni sobre los cargos que se les imputan.

“Estamos pidiendo medidas cautelares porque la situación es grave e inminente”, explicó a AFP Isabel Carlota Roby, abogada de Robert F. Kennedy Human Rights.

La batalla en la Corte Suprema

Mientras tanto, el gobierno también ha elevado sus esfuerzos para revocar protecciones legales existentes. Esta semana pidió a la Corte Suprema que le permita eliminar el estatus de parole para más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 350.000 venezolanos. Tribunales inferiores ya habían bloqueado estas medidas, en parte porque los migrantes contaban con autorizaciones legales para residir en EE. UU. y no habían cometido ningún delito.

Un juez federal en California incluso sugirió que la motivación detrás de la revocatoria del TPS “huele a racismo”.

Protestas: hay resistencia

Frente al avance de estas políticas, la sociedad civil ha comenzado a movilizarse. Esta semana, decenas de mujeres mormonas se reunieron en los jardines del Capitolio para protestar de forma inusual: cosiendo colchas con mensajes como “Nadie es ilegal” o “Un gobierno de leyes, no de hombres”.

Organizadas por Mormon Women for Ethical Government, las manifestantes dijeron estar alarmadas por los ataques del gobierno a la Constitución y la creciente concentración de poder en el Ejecutivo. “La Constitución es nuestro hilo común”, dijo una de las participantes, Jessica Preece.

¿Lo logrará?

Suspender el habeas corpus sería una medida sin precedentes en tiempos de paz y enfrentaría enormes desafíos legales. La Corte Suprema, aunque de mayoría conservadora, ha bloqueado varias de las políticas migratorias más agresivas del actual gobierno. Además, activar esa suspensión requeriría declarar formalmente un estado de invasión, lo cual no ha ocurrido.

Pero el solo hecho de que el presidente lo considere revela hasta qué punto está dispuesto a llegar para cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes. Más allá del impacto político, lo que está en juego es la integridad del sistema de garantías legales que protege a toda persona —documentada o no— de detenciones arbitrarias.

Para muchas voces jurídicas, esa línea ya ha sido cruzada.

Con información de AFP