El Tribunal Supremo de EEUU
dictaminó este miércoles que los extranjeros tienen derecho constitucional a que sus
abogados les informen sobre la amenaza de una posible deportación si
se declaran culpables de un delito.

En un dictamen 7-2, el
Tribunal Supremo amplió así la garantía
consagrada en la Sexta Enmienda de la Constitución de obtener
asesoría legal a los casos de inmigración, particularmente aquellos
en los que un inmigrante podría ser deportado.

"Mantenemos que
los abogados deben informar a sus clientes sobre
si su (declaración de) culpabilidad acarrea el riesgo de la
deportación", dijo el juez John Paul Stevens, en nombre de la
mayoría.

Explicó que la máxima corte tiene la responsabilidad,
bajo la
Constitución, de asegurar que ningún acusado, sea o no ciudadano
estadounidense, esté a la merced de una asesoría legal
"incompetente".

A juicio de Stevens, el impacto de la deportación
para las
familias inmigrantes legales "sólo subraya lo importante que es que
un abogado informe a su cliente no ciudadano que afronta el riesgo
de la deportación".

Sin embargo, los jueces Antonin Scalia y
Clarence Thomas, los
únicos dos en contra, consideraron que la obligación constitucional
de un abogado sólo aplica a clientes en casos criminales y no debe
extenderse a casos que impliquen la deportación u otras leyes
migratorias.

El dictamen del Tribunal Supremo se produjo en el
caso del
hondureño José Padilla, quien solicitó a la máxima corte que anulara
su declaración de culpabilidad de 2001 en el estado de Kentucky por
cargos relacionados con el traslado de una gran cantidad de
marihuana en su camión de carga.

Bajo las leyes federales, una
condena por cargos relacionados con
narcotráfico puede conllevar a la deportación de un inmigrante.

Padilla,
que lleva más de 40 años como residente legal en EEUU e
incluso prestó servicio en las Fuerzas Armadas durante la Guerra de
Vietnam, afronta un proceso de deportación después de que su abogado
le indicase que no debía preocuparse de su estatus migratorio si se
declaraba culpable.

El Tribunal Supremo envío el caso de nuevo al
Tribunal Supremo
estatal de Kentucky, que deberá decidir si anula la declaración de
culpabilidad de Padilla.

El abogado de Padilla ante el Supremo,
Stephen Kinnaird, elogió
el dictamen, al que describió como un reconocimiento de cómo, cada
vez más, se entrelazan las leyes criminales y de inmigración en
Estados Unidos.

"Este caso tiene un impacto transcendental,
porque va mucho más
allá de Padilla. Le abre la puerta a miles de inmigrantes que
admitieron culpabilidad, ignorantes de las nefastas consecuencias
inmigratorias que eso traería", dijo en un correo electrónico
el abogado de inmigración José Pertierra.

"La mayoría de abogados
penalistas no entienden las leyes de
inmigración y no se dan cuenta, por ejemplo, que lo que parece ser
una admisión a cambio de la promesa de eliminar el caso es una
condena para fines de inmigración y puede resultar en una
deportación, incluso para residentes permanentes", explicó el
experto.

Según Pertierra, el dictamen es "una victoria
para la
justicia en la batalla de los inmigrantes".

En la actualidad, 21
estados de la nación y el Distrito de
Columbia, sede de la capital de EEUU, ya exigen que los tribunales
adviertan a los inmigrantes de las repercusiones que pueda tener una
declaración de culpabilidad en su estatus legal en el país.

El
Padilla nombrado en este caso no guarda ninguna relación con
el de origen puertorriqueño, el "talibán boricua", condenado bajo
cargos de terrorismo.