El bloqueo de partes clave de la Ley 1070 de AZ, que impide que se criminalice a indocumentados, causó satisfacción en el gobierno federal y entre grupos hispanos pero no arredró a los promotores de la misma.

La gobernadora republicana de AZ que firmó la ley el 23 de abril, Jan Brewer, consideró el dictamen de la jueza federal Susan Bolton como "una piedra en el camino", y presentó una apelación de urgencia para levantar el bloqueo. 

El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, afirmó que el dictamen no afectará sus operaciones, "nada ha cambiado en la lucha contra la inmigración ilegal". 

Mientras El Departamento de Justicia, responsable de una de las siete demandas contra la 1070, consideró que el bloqueo es "la decisión correcta". 

Específicamente, la decisión Bolton prohíbe al estado que la policía verifique el estatus migratorio de una persona al momento de su arresto; criminalice a los indocumentados que soliciten o ejecuten un trabajo o labor; y autorice la detención sin orden de arresto de una persona cuando exista "causa probable" de que haya cometido una ofensa pública que pueda ser castigada con la deportación.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la decisión, "ratifica acertadamente la responsabilidad del Gobierno federal de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración del país". 

Grupos hispanos  organizaron protestas en AZ por la entrada en vigor de la ley, y reaccionaron con satisfacción y desobediencia civil, pero conscientes de que esta es una victoria parcial. Más de 40 personas fueron arrestadas en Phoenix. Para Janet Murguía, del Consejo Nacional de La Raza, la jueza Bolton "no sólo se ha puesto del lado de la comunidad latina, sino del lado de la Constitución" y por ello esta es una "victoria inequívoca".