La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido finalmente condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación política perpetua por corrupción, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó su responsabilidad en un esquema de administración fraudulenta de fondos públicos. El caso —conocido como "causa Vialidad"— gira en torno a la adjudicación de contratos de obras públicas con sobreprecios durante su mandato presidencial (2007-2015), particularmente en la provincia de Santa Cruz.

La decisión representa un hito judicial: Kirchner se convierte en la primera exmandataria en democracia que irá efectivamente a prisión. Carlos Menem también fue condenado, pero su pena nunca fue confirmada. Además, el fallo pone fin a su intención —anunciada recientemente— de presentarse como candidata a diputada en las elecciones legislativas de septiembre, un movimiento que le habría devuelto fueros.

La reacción fue inmediata. Mientras el presidente ultraliberal Javier Milei celebraba el fallo con un escueto “Justicia. Fin.” en la red X, cientos de simpatizantes de Kirchner se agolparon frente a la sede del Partido Justicialista, partido que ella preside, para manifestar su apoyo. Entre lágrimas, cantos y bocinazos, muchos interpretaron la condena como un acto de persecución política. “Estoy destrozado”, dijo un concejal peronista a AFP. Las protestas se extendieron a otras ciudades del país, con cortes de rutas y quemas de neumáticos.

En un encendido discurso, la expresidenta afirmó que “la sentencia ya estaba escrita” y calificó a los jueces de la Corte como “tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos”. Defendió su trayectoria como dirigente y declaró: “Estar presa es casi un certificado de dignidad política, personal e histórica”, en contraposición —según dijo— a “los mafiosos que caminan libres”.

La confirmación de la condena abre múltiples interrogantes políticos. En palabras del politólogo Sergio Berensztein, entrevistado por AFP, se trata de “un escenario político nuevo”. Aunque su liderazgo ya no es el mismo de 2019, Kirchner aún conserva influencia en el electorado y dentro del peronismo. Para el analista Rosendo Fraga, incluso podría fortalecerse políticamente si va a prisión: “Será difícil para un peronista ponerse en su contra”.

Otros analistas ven la decisión como un refuerzo para el gobierno de Milei. Lara Goyburu, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, considera que la condena puede cimentar una narrativa de cumplimiento de promesas para los votantes del oficialismo, quienes verían en este desenlace una señal de que “el gobierno cumple con las pocas promesas que hizo, entre ellas terminar con el kirchnerismo”.

Cristina Kirchner, de 72 años, deberá presentarse ante el tribunal en los próximos cinco días hábiles para recibir la notificación formal de la pena. Podrá solicitar prisión domiciliaria por su edad, lo que deja abierta la posibilidad de cumplir la condena en su casa, ya sea en Buenos Aires o en Santa Cruz.

En cualquier caso, el fallo no solo clausura sus aspiraciones electorales inmediatas, sino que también redefine el mapa político argentino en un año marcado por profundas tensiones sociales y reformas económicas drásticas. La justicia ha hablado. Pero el eco de esta decisión, en un país donde la justicia y la política rara vez caminan por carriles separados, apenas comienza a sentirse.

Con información de AFP