El viceministro de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el Exterior, Juan José García, consideró "injusta" la inmigración y animó a los salvadoreños a renovar "cuanto antes" su estatus migratorio temporal en EE.UU.

"La inmigración es injusta, se basa en premisas de desigualdad, de injusticia y de iniquidad. Los que migran no lo hacen porque quieren hacerlo, sino porque se ven obligados a hacerlo", dijo el viceministro en una rueda de prensa en Washington.

El Gobierno estadounidense extendió el pasado 9 de julio la séptima prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) del que se espera que se beneficien 217.000 salvadoreños.

El actual TPS vence el próximo 9 de septiembre y Estados Unidos lo extendió por 18 meses más, hasta el 9 de marzo de 2012, una noticia que fue acogida con "alegría" por el embajador de El Salvador ante la Casa Blanca, Francisco Altschul.

El TPS es un beneficio que incluye un permiso de trabajo, que EE.UU. concede a ciudadanos de otros países afectados por conflictos armados y desastres naturales, como es el caso de El Salvador, que en 2001 sufrió una serie de terremotos que devastaron el país.

El Departamento de Seguridad y el Departamento de Estado estadounidense determinaron ampliar estos beneficios debido a que tras el desastre ecológico causado por los terremotos de 2001 "persisten e impiden temporalmente a El Salvador manejar el regreso de sus ciudadanos adecuadamente".

En este sentido, señaló que aunque el Gobierno ha trabajado en la reconstrucción otros desastres naturales posteriores como la tormenta "Ida", que causó más de 1.000 millones de dólares en pérdidas, "han afectado a la infraestructura económica y social del país".

"El acumulado de todo esto hace que EE.UU. valore que El Salvador no está en condiciones de recibir a 217.000 ciudadanos que serían deportados si no se hubiese producido esta séptima prórroga", dijo.

Estados Unidos dio un plazo de dos meses, que termina el 7 de septiembre, para presentar la documentación necesaria para la renovación: el formulario I-821, que incluye una tarifa por los servicios biométricos de 80 dólares y el I-765 para solicitar un nuevo permiso de trabajo que requiere un pago de 340 dólares.

El rostro de esos 217.000 salvadoreños que pueden optar a un trabajo en EE.UU., lo encarna Carlos Morán, un joven emprendedor, que gracias a este beneficio pudo estudiar diseño gráfico, ayudar económicamente a su familia y hoy tiene su propia empresa.

Morán ha sido el encargado de diseñar los folletos de la campaña de inscripción para que otros salvadoreños, al igual que él, puedan cambiar su suerte.

El viceministro dijo que desde que Washington hizo el anuncio oficial ya se han registrado 7.193 salvadoreños en las 16 oficinas consulares que tienen distribuidas por el país y animó a sus compatriotas a que "no esperen al último momento".

García se preguntó qué es lo que empuja a los salvadoreños a "pagar los costes de la inmigración", no sólo económicos sino también físicos, arriesgando sus vidas, como se ha visto en los últimos seis meses en los asaltos a inmigrantes centroamericanos en el sur México cuando se dirigían a Estados Unidos.

El viceministro informó de que durante el fin de semana un grupo de delincuentes asaltó dos vagones de un tren que salió de la localidad de Arriaga en el estado Chiapas (México), en el que viajaban 400 inmigrantes centroamericanos, que también fueron asaltados por una patrulla policial en el estado mexicano de Oaxaca.

El Salvador ha solicitado a la cancillería de México que investigue los hechos y el viceministro pidió protección y asistencia humanitaria para "los cientos de personas sedientas, hambrientas y sin dinero" que sufrieron el asalto.

García señaló el drama que están viviendo los inmigrantes centroamericanos y rechazó leyes como la del estado de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes, por considerar que "violan el principio de igualdad".