El presidente de Chile, Sebastián Piñera, excluirá a condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) del indulto propuesto por la Iglesia con motivo del Bicentenario del país, que se celebra este año.

"Quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores y otros delitos de igual gravedad", anunció Piñera, en un acto celebrado en el Palacio de la Moneda.

El primer mandatario de derechas que gobierna el país tras el fin de la dictadura militar rechazó así incluir a antiguos violadores de Derechos Humanos en el indulto propuesto por la Iglesia, que sí contemplaba esa posibilidad, lo que había generado un arduo debate en el país.

"Estas propuestas siguen generado tensiones y divisiones ente los chilenos, y muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado", señaló el presidente, sólo cuatro días después de recibir el documento elaborado por la Conferencia Episcopal de Chile (CECh).

Las asociaciones de víctimas de la dictadura han rechazado que el indulto pueda beneficiar a alguno de los 64 encarcelados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen, cuando unas 3.200 personas murieron y 28.000 sufrieron torturas o prisión política.

Piñera confirmó que hará uso de su facultad presidencial de decretar un indulto, aunque precisó que éste no será general, sino que se otorgará de forma particular, "en forma muy prudente y muy restrictiva, analizando caso a caso las consideraciones de carácter humanitario".

Para ello se tendrán en cuenta factores como "la avanzada edad, las enfermedades terminales y otras razones humanitarias".

Sin embargo, de ese beneficio se excluirá a los condenados por los delitos ya citados, y también a los reincidentes, señaló el mandatario durante esta inesperada comparecencia, anunciada sólo una hora antes a la prensa.

Piñera descartó la posibilidad de decretar un indulto general al argumentar que en la última década ya se han adoptado tres medidas de este tipo, en los años 2000, 2003 y 2004, todos bajo los Gobiernos de la Concertación de centroizquierda (1990-2010).

"No es prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general", estimó.

El presidente reiteró además los compromisos de su Gobierno, enfocados en "combatir la delincuencia y el narcotráfico, proteger a las víctimas y resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, y promover una cultura de respeto a los derechos humanos".

Piñera anunció también una serie de medidas para mejorar la situación de los presos en Chile, cuyo sistema carcelario, con una población penal que supera los 53.000 reclusos, ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales.

El presidente dijo ser consciente de las "precarias condiciones de vida y hacinamiento" en los penales, pero indicó que la mejor respuesta no pasa por la liberación de los reos, sino por mejorar sus condiciones de vida.

Para ello, entre otras iniciativas, se construirán más cárceles, se mejorarán las existentes y se rediseñarán las que están en construcción, y también se suscribirán tratados internacionales para que los extranjeros puedan cumplir las penas en sus países de origen