Líderes opositores, grupos civiles y sindicales, así como diversos usuarios de las redes sociales  costarricenses están molestos por un convenio antidrogas con Washington, renovado recientemente y que contempla la entrada a aguas costarricenses de embarcaciones militares de EE.UU.

La Asamblea Legislativa renovó el jueves de la semana anterior para el periodo que va del 1 de julio al 31 de diciembre próximo un convenio bilateral de vigilancia conjunta contra el narcotráfico en aguas costarricenses, vigente desde 2000.

Sin embargo este año contempla la posibilidad de que 7.000 oficiales y 46 embarcaciones militares estadounidenses puedan participar, lo que ha despertado fuerte críticas en un país muy sensibilizado con el tema militar y que abolió su ejército en 1948.

Como respuesta a las críticas, las autoridades aseguran que las naves y oficiales no estarán todos al mismo tiempo en aguas costarricenses, sino que se rotarán según su disponibilidad.

Grupos civiles y sindicales consideran que el ingreso de fuerzas extranjeras implicaría una violación a la soberanía de Costa Rica y que el gobierno está propiciando una “invasión” militar estadounidense, versión que rechazó el pasado martes la presidenta Laura Chinchilla.

“Garantizo que estos convenios son los mismos (que se han firmado en los últimos 10 años) y no voy nunca a exponer al país a un incumplimiento constitucional y muchísimo menos a una militarización de la lucha antidrogas”, declaró Chinchilla en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental.

Chinchilla aseguró que el acuerdo de patrullaje “implica exclusivamente a personal y autoridades de guardacostas” estadounidenses y afirmó que “aquí no se está incluyendo personal militar”.

“Son naves militares pero bajo el comando de autoridades policiales y de guardacostas”, dijo.

Además, la mandataria anunció que su Gobierno tiene la intención de revisar los convenios antidrogas con Estados Unidos con el fin de ampliarlos a vigilancia aérea y detección de lanchas rápidas que navegan más cerca de la costa del país.

También pretende que se combata el “flujo de armas” que se mueve por el mar del norte al sur del continente, y no únicamente los flujos de cocaína que viajan del sur al norte.

Sobre la pérdida de soberanía que denuncian sectores sociales y políticos con la aplicación del convenio antidrogas, Chinchilla afirmó que “Costa Rica está perdiendo soberanía porque hay territorios en la zona de Talamanca (Caribe) tomados por la siembra de marihuana”.

“Hay territorios en algunas comunidades en el área metropolitana donde la Fuerza Pública (policía) ha dejado de entrar porque están tomados por bandas que distribuyen drogas”, agregó.

Chinchilla ha dicho que el combate al narcotráfico es una prioridad, en un país que en los últimos cuatro años decomisó un total de cien toneladas de cocaína y que, según las autoridades, dejó de ser un lugar de paso de la droga para convertirse en bodega y hasta centro de logística de las bandas narcotraficantes.

En la redes sociales, las protestas no se hicieron esperar. Cientos de mensajes alertaron sobre lo que algunos consideran como una “amenaza militar para la región”.

“Siete mil marinos con doscientos helicóptero de ataque, son suficiente fuerza militar para subyugar a toda Centroamérica desde Costa Rica”, señalaba el blog El Polvorín con referencia al acuerdo.

“7 Bases militares en Colombia, 46 buques de guerra y 7000 soldados en Costa Rica. 20.000 en Haití. EEUU está planeando guerra a Venezuela”, señalaba uno de los usuarios de la red social Twitter.