La Corte Suprema de México ordenó  "la
inmediata liberación" de las doce personas acusadas del secuestro de
policías durante los disturbios ocurridos en mayo de 2006 en San
Salvador de Atenco, en el central Estado de México, vecino a la
capital.

Entre estas personas se encuentra Ignacio del Valle,
líder del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenado a 112 años de
cárcel y a quien la corte liberó por
mayoría, mientras que en los
otros once casos el órgano lo hizo por unanimidad.

La Primera
Sala de la Corte, compuesta por
cinco magistrados,
argumentó "irregularidades en el proceso penal" para decretar esta
liberación.

El máximo órgano jurisdiccional mexicano asumió en
febrero de
2007 el caso para analizar los recursos presentados contra las
largas condenas impuestas a los activistas, protagonistas de un
conflicto social que derivó en una amplia intervención policial el 4
de mayo de 2006.

La acción policial desembocó en la muerte de dos
personas, el
arresto de más de 200 activistas, y según el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la comisión de abusos
sexuales contra "al menos 26 mujeres".

La actuación de las
fuerzas del orden, tanto agentes federales
como del Estado de México, fue denunciada por activistas y
organizaciones de derechos humanos como excesivamente violenta.

Los
magistrados consideraron que además de "irregularidades" en
el proceso, "no hubo secuestro equiparado" y opinó que las pruebas
presentadas para acusarlos fueron "ilícitas".

El magistrado José
Goudiño fue el encargado de presentar el
proyecto de discusión del amparo de los doce presos, condenados a
penas de entre 30 a 112 años.

"Éste fue un hecho que muestra cómo
se trató de criminalizar la
justicia social", opinó el magistrado Juan Silva.

En 2008, la
SCJN reconoció que sí hubo "violaciones graves" a los
derechos humanos de los detenidos y además recomendó a las
autoridades mexicanas "vigilar y regular los excesos y abusos de
autoridad".

En tanto, familiares de los liberados, activistas,
observadores e
invitados internacionales, como la estadounidense Jody Williams,
Nobel de la Paz en 1997, celebraron esta decisión por considerarla
como un "paso importante de la justicia", que además permite la
reparación del daño de los presos y sus familias.

El Alto
Tribunal giró un "telegrama" a las autoridades judiciales
para que "se ponga en inmediata libertad" a los presos que se
encuentran en los penales de La Palma y Molino de las Flores.

La
hija de Ignacio del Valle, América del Valle, contra quien hay
una orden de aprehensión, se encuentra desde hace una semana en
calidad de "huésped" en la Embajada de Venezuela en la capital
mexicana para evitar su detención.

Hasta el momento no se han
depurado responsabilidades en el
Gobierno estatal o federal por las muertes y las presuntas
violaciones ocurridas durante los disturbios.