El Tribunal Supremo ha aceptado estudiar una polémica ley de Arizona que estrecha el cerco a los indocumentados y, en última instancia, tendrá que definir de una vez si los gobiernos estatales pueden establecer sus propias leyes migratorias.

La máxima corte del país decidió el lunes estudiar el caso de una demanda entablada contra Arizona por una ley, conocida por su sigla en inglés "LAWA", que sanciona severamente a las empresas que contraten a indocumentados.

Su dictamen, cuando concluya el próximo periodo de sesiones que empieza en octubre, tendrá impacto no sólo en esa ley sino también en otra que promulgó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en ese estado.

De hecho, la SB1070, que entrará en vigor a finales de julio a menos que lo impidan los tribunales, amplía y refuerza la ley LAWA contra los empleadores.

Así, el Tribunal Supremo podría arrojar luz sobre hasta qué punto pueden los gobiernos estatales y localidades implicarse en la búsqueda de soluciones al problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Frente al problema de la población indocumentada, especialmente en la franja fronteriza, el gobierno de Arizona decidió actuar por su cuenta y promulgó la ley SB1070, abriendo un frente de guerra con el Gobierno de Barack Obama.

Otras localidades y estados quieren seguir su ejemplo, frustrados porque, a su juicio, el Gobierno de Washington no ha hecho lo suficiente por resguardar las fronteras contra la amenaza del contrabando de armas, drogas y personas que se cuela por la zona.

Sólo que, en principio, las tareas de hacer cumplir las leyes de inmigración recaen sobre el Gobierno federal, y los gobiernos estatales que aplican sus propias leyes estarían violando la Constitución.

La Carta Magna contiene la llamada cláusula de supremacía, que establece que la ley federal es "la ley suprema" de la nación. Según esa cláusula, cada gobierno estatal tiene sus propios poderes policiales, pero no puede promulgar leyes que choquen de alguna manera con las del Gobierno federal.

El presidente Obama se ha apuntado muchos logros en los casi 18 meses de su mandato, tanto en la arena internacional como en asuntos internos, pero sigue sin cumplir la promesa que hizo al electorado hispano para reformar el sistema de inmigración.

El lunes se reunió con activistas pro-reforma para pedirles que no se den por vencidos y continúen presionando a los republicanos, quienes insisten en que primero se tiene que fortalecer la seguridad fronteriza.

El martes, Obama se reunió con líderes del grupo legislativo hispano de la Cámara de Representantes, tal como lo hiciera en otoño de 2009, para reiterar que la reforma necesitará apoyo bipartidista.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que, durante ese encuentro, Obama expresó su deseo de ver un proceso bipartidista en base a una propuesta demócrata presentada en el Senado y que, a su vez, se apoya en otra promovida anteriormente por el senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lindsey Graham.

Graham, fiel a la postura de su partido, se retiró de la mesa de negociaciones y ahora no queda un sólo republicano a favor de la reforma migratoria.

Este jueves, Obama reiterará su conocida postura en torno a la reforma y la seguridad fronteriza -y su presión para que los republicanos se sumen a la reforma- durante un discurso en American University en Washington.

Está pendiente el anuncio, previsiblemente esta semana, de que el Gobierno de Obama impugnará la ley SB1070 con una demanda en los tribunales.

Una fuente del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato, dijo hoy a Efe que el anuncio, en todo caso, vendrá de esa agencia "y no de la boca del presidente Obama".

Así, el discurso de Obama será como tantos otros a favor de la reforma. Pese a la voluntad de Obama, si la reforma fuese sometida a votación ahora, no pasaría en ninguna de las dos cámaras del Legislativo por la falta de votos.

La comunidad inmigrante, y grupos cívicos y religiosos que la acompañan en esta lucha, han expresado su cansancio con los discursos y esperar ver una acción decidida en el Congreso sobre la reforma este mismo año.