La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) condenó este martes la "censura aplicada por el Senado" dePuerto Rico
a la labor de los periodistas y fotógrafos del país,
"limitando el acceso y el derecho" de sus ciudadanos a la
información pública.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre,
subdirector del
Diario Las Américas, expresó su sorpresa con la medida del Senadopuertorriqueño por ser el "propio
cuerpo legislativo el que viola
preceptos sobre acceso irrestricto de la prensa a los procesos
públicos".

Esos preceptos, informó la SIP, están garantizados en
"la Carta
de Derechos de la Constitución de PuertoRico y en la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que rige en el
país".

"Confiamos en que los legisladores levanten la
restricción", dijo
Aguirre en un comunicado.

El presidente del Senado de Puerto Rico,
Thomas Rivera Schatz, el
pasado 23 de junio restringió el ingreso de los fotoperiodistas al
recinto donde los legisladores discutían importantes medidas, según
la SIP.

Al día siguiente la medida fue extendida a los
periodistas, a
quienes también se les prohibió la entrada al Congreso.

El veto a
la prensa lo habría impuesto Rivera Schatz -según
argumentó- para proteger la "imagen" de los senadores.

Robert
Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, director editorial del San Antonio
Express-News de Texas, dijo que el ejercicio de la libertad de
expresión y de prensa "no es una concesión de las autoridades; es un
derecho inalienable del pueblo".

"Las autoridades deben estar
legalmente obligadas a poner a
disposición de los ciudadanos la información generada por el sector
público" y "la censura previa, la creación de obstáculos al libre
flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y
movilización de los periodistas, se oponen directamente a la
libertad de prensa", enfatizó Rivard.

Los principales medios de
comunicación de Puerto Rico,
organizaciones de periodistas y de derechos civiles, consideraron la
acción del titular del Senado como un "atentado contra la libertad
de prensa y contra los derechos de los ciudadanos a conocer la
gestión pública".

En una declaración conjunta exigieron la
suspensión de la orden,
informó la SIP.