Después de una victoria fácil en la primaria republicana de Nuevo México el primero de junio, Susana Martínez competirá en noviembre por hacerse la primera gobernadora latina de la nación.

Martínez, fiscal general del condado de Doña Ana, se hizo con el 51% del voto en la primaria republicana contra ex presidente del partido, Allen Weh (28%). Con su postura de mano dura en cuanto a la inmigración, Martínez también le ganó a Weh 47% a 28% en las encuestas referentes a ese tema.

Si resulta electa, seguirá al gobernador demócrata Bill Richardson, quien sirviera durante dos términos.

Está compitiendo con demócrata Diane Denish, actual gobernadora teniente del estado, en lo que se anticipa será una campaña muy reñida. A Martínez le respaldan ex candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin.

Tanto Martínez como Denish recibieron respaldo en sus respectivas primarias de tres de los mayores periódicos de Nuevo México, el Albuquerque Journal, Las Cruces Sun-News y Santa Fe New Mexican.

Martínez, de 50 años, nació y se crió cerca de la frontera entre Texas y México en el Valle del Río Grande. En la página web de su campaña, destaca su posición de clase media, sus valores conservadores y su creencia en la responsabilidad personal, en menos gobierno, menores impuestos, y aplicación fuerte de las leyes de la frontera. Además de los usuales temas de la creación de empleos, la reforma educativa y el acabar con la corrupción del gobierno estatal, también indica que quiere volver a instituir la pena de muerte.

Su esposo, Chuck Franco, es alguacil asistente del condado de Doña Ana, y su hijastro, Carlo, sirve en la fuerza naval estadounidense.

Dirigente y organizador político progresista de mucho años, José Armas de Albuquerque dice que piensa que el programa de Martínez tendrá buena resonancia a nivel estatal.

“Dada la naturaleza conservadora de Nuevo México, el partido demócrata debería estar bien asustado”, indica Armas.

Ambas candidatas afirman que se oponen a que los inmigrantes indocumentados reciban licencias de conducir. La ley que se lo permite fue promulgada en el 2003 por el gobernador Bill Richardson.

Martínez promete lograr que se revoque la ley. Además, se opone a proveer a los estudiantes indocumentados becas de lotería derivadas de impuestos y alienta mayor aplicación de la ley en la frontera.

Profesora de ciencias políticas, Cristine Sierra, de la Universidad de Nuevo México, cree que la inmigración ilegal no es una prioridad para la mayoría de los residentes del estado. No está segura si Martínez usará el tema primordialmente durante su campaña por lo que tiene un atractivo limitado más allá de la región sureña del estado.

Sierra sugiere que a Martínez también le costará encontrar apoyo por su oposición a las becas de lotería para los estudiantes indocumentados, ya que son los hispanos los que tienen el poder en la legislatura estatal.

Directora del centro regional para los derechos en la frontera de la American Civil Liberties Union, Vicki Gaubeca, replica que debería haber una reevaluación de la seguridad en la frontera. “¿Cuándo será suficiente?” pregunta Gaubeca. “No hay una crisis en la frontera. Estamos en una coyuntura de la historia de EE.UU. en la que tenemos desplegados suficientes recursos”.

Republicano John Sánchez, quien hace campaña con Martínez como candidato a gobernador teniente, dice que la ley de las licencias de conducir es una amenaza a la seguridad nacional porque permite que los inmigrantes indocumentados usen las licencias cual tarjeta de identificación.

Señala el historial de Martínez como fiscal como prueba de su capacidad de reformar Nuevo México, y de ofrecer liderazgo a la comunidad hispana.

“Me parece importante que la comunidad hispana pueda mirarnos como ejemplos. Todos los hispanos tienen la capacidad de soñar en grande”, dice.

(Raisa Camargo es reportera con Hispanic Link News Service en Washington, D.C. Comuníquese con ella a: [email protected])

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