El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que un delito menor por drogas no debería ser causa automática para la deportación en el caso del mexicano José Ángel Carachuri Rosendo.

De esta forma anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones que había ratificado la deportación de Carachuri, quien es residente legal y en 2004, se declaró culpable en Texas por un delito menor de posesión de marihuana y en 2005 fue llevado a Corte por el delito menor de posesión sin receta de un medicamento para la ansiedad.

Él no discutió el cargo pero no fue procesado bajo la ley de Texas como un reincidente. Carachuri recibió una notificación del gobierno de que iba a ser deportado porque se le “había condenado en violación de una ley del Estado relacionada con una sustancia controlada”.

 Carachuri solicitó que se anulara esa orden, pero un juez de inmigración dictaminó que no tenía derecho porque se le había condenado por un delito agravado, un “delito de tráfico de drogas”.

El gobierno del presidente Barack Obama había apoyado la apelación de Carachuri. Aunque  Carachuri fue deportado a México, las autoridades judiciales tendrán que revisar su orden de expulsión, y él podría solicitar que se revoque.

En EEUU, si alguien es condenado por un delito mayor agravado no puede apelar una deportación, pero un residente permanente con más de diez años en el país puede al menos pedir una exención si cometió delitos leves antes de cumplir esos diez años.

El dictamen favorable a Carachuri podría eliminar la práctica actual de las autoridades migratorias de enviar a presos a distritos donde los tribunales son más estrictos en la interpretación de las leyes.

 Arizona ahora contra “bebés ancla”

Los conservadores ahora tienen en la mira a los niños nacidos en Arizona de padres indocumentados, a los que se les llama despectivamente en inglés “anchor babies” (“bebés ancla”), porque presuntamente sus progenitores los utilizan para evitar la deportación. Republicanos como el senador estatal Russell Pearce -uno de los arquitectos de la SB1070 que criminaliza indocumentados- han agarrado alas para continuar combatiendo la inmigración ilegal en Arizona, sobre todo porque, según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses apoya ese tipo de medidas.

Según el Centro Hispano Pew, en 2008 había 3,8 millones de indocumentados con niños nacidos en EEUU.

Alcaldes del país contra la 1070

La Conferencia de Alcaldes de EEUU aprobó sendas resoluciones que condenan la ley SB1070 que criminaliza a los indocumentados en Arizona y piden que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral.

Las resoluciones no vinculantes fueron aprobadas durante la reunión anual de los alcaldes estadounidenses en la ciudad de Oklahoma City (Oklahoma), y figuraron entre decenas de medidas sometidas a votación durante el encuentro.

“Con esto queda marcada la posición de los alcaldes sobre el tema de inmigración. El siguiente paso será enviar estas resoluciones y documentos aprobados por la Conferencia de Alcaldes al Congreso y la Administración Obama, para que sirvan como recomendaciones para los responsables de políticas”, dijo a Efe una fuente de la Conferencia que pidió el anonimato.