La Suprema Corte mexicana concluyó el martes que
no señalará ni al ministro de Comunicaciones y Transportes, Juan
Molinar, ni a otros funcionarios "responsables directos" por el caso
del incendio que causó en junio de 2009 la muerte de 49 niños en unaguardería de Hermosillo, capital del
estado de Sonora.

Con ocho votos a favor y tres en contra, los
magistrados de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron un proyecto
preliminar en que se proponía atribuir responsabilidad al actual
director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel
Karam, y a su antecesor y actual ministro de Comunicaciones, Juan
Molinar.

El Supremo inició
ayer la discusión de un dictamen elaborado por
el magistrado Arturo Zaldívar que busca responsabilizar a los
funcionarios de violar gravemente las garantías individuales de las
víctimas, pero desde ahora sólo se limitará a mencionar os nombres
de los funcionarios como parte de la investigación pero no se les va
a responsabilizar o acusar, explicó una fuente oficial.

El
argumento que ampara esta última decisión es un "impedimento"
constitucional que indica que el Alto Tribunal no cuenta con
facultades para emitir señalamientos de tipo moral, político o
ético.

Zaldívar defendió su tesis pidiendo a sus compañeros "no
tenerle
miedo a las palabras" y los llamó a decir "las cosas tal cómo son".

Insistió
que el Supremo es "un órgano
político y la cabeza de uno
de los tres poderes" por lo que sus resoluciones "tienen
trascendencia política y moral cuando hay personas que incurrieron
en violaciones graves de garantías".

El accidente ocurrió el 5 de
junio de 2009 cuando un incendio
generado en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado de
Sonora se extendió a la guardería
ABC, donde murieron 44 menores y
otros 47 resultaron lesionados.

La cifra de muertos aumentó
posteriormente a 49 debido al
fallecimiento de dos heridos.

El proyecto inicial busca además
responsabilizar al ex gobernador
de Sonora Eduardo Bours y al ex presidente municipal de Hermosillo
Ernesto Gándara, así como otros funcionarios federales, estatales y
municipales.

La Corte continuará mañana la discusión del dictamen
de 14
puntos, entre ellos si la investigación que realizó la Comisión de
magistrados es suficiente para resolver sobre el tema de las
violaciones de garantías o si es necesario incluir, para su estudio,
el peritaje del estadounidense David Smith en el que concluye que el
incendio fue provocado.

Esta es la primera vez que un magistrado
proponía responsabilizar
de violaciones graves a funcionarios de Estado.

Sin embargo, la
Corte no tiene atribuciones para sancionarlos,
algo que solo puede hacer el Congreso, la Fiscalía o el Presidente
de la República.