La marea negra de petróleo en el Golfo opacó la muerte de un mexicano quinceañero a manos de la Patrulla de Fronteras estadounidense, el segundo empleo de fuerza letal en contra de mexicanos en menos de dos semanas.

El pasado día lunes, bajo el puente internacional de El Paso del Norte un agente de la Patrulla de Fronteras estadounidense disparó a Sergio Adrián Hernández Huereka en la cabeza.  ¿La ofensa? Tirar piedras a los agentes de la patrulla de fronteras.

Anastasio Hernández-Rojas, de 32 años de edad, murió a manos de la Patrulla de Fronteras por resistirse a ser deportado, forzándolo a separarse de sus cinco hijos ciudadanos estadounidenses;  un solo hombre sometido y aniquilado por "un número indeterminado de agentes de la patrulla de fronteras" según admitió el FBI.

Lejos de admitir responsabilidad pese a que las dos víctimas no eran criminales peligrosos, el presidente del sindicato de agentes de la Patrulla de Fronteras declaró: "Fue un encuentro fatal, uno que justifica el empleo de fuerza letal."

Estos fueron descarados actos de cobardía.

Las vacías promesas de "investigar los hechos" nos indignan más aún.  Rosario, hermana del adolescente muerto refleja la cólera de los inocentes cuando sollozó: "¡Malditos! Malditos!"

"El número de mexicanos muertos o heridos a manos de las autoridades de inmigración estadounidenses aumento de 5 en el 2008 a 12 en el 2009 a 17 en lo que va de este año" según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

    La administración Obama se luce en su celo por acorralar y atacar a inmigrantes, pero ante las más grave tragedia ambiental en la historia de Estados Unidos se muestra incompetente y renuente a actuar.

    "Mucho se ha dicho sobre…la relación incestuosa entre la industria petrolera y su regulador principal el Departamento del Interior" editorializó el New York Times.

    Esta monstruosa alianza sin ambages interfiere con los periodistas para prevenir que descubran toda la verdad sobre el derrame.  El peso del gobierno se ha puesto al servicio de la BP mediante emplear "a la fuerza pública local, la Guardia Costera y a funcionarios gubernamentales" incluida la FAA para mantener a los periodistas fuera de áreas públicas afectadas por el derrame según reportó Jeremy W. Peters.

    Mientras que a los inmigrantes se les deniega básicos derechos humanos y constitucionales, una corporación petrolera como la BP es protegida y socapada por nuestros propios políticos en el Congreso y dentro de la administración.

    A los inmigrantes se los considera merecedores de muerte por "quebrantar la ley" por el acto de cruzar la frontera,  la BP destruye el medioambiente y el medio de vida de incontables ciudadanos, pero los mercenarios legisladores y reguladores del gobierno se aseguran de que semejante crimen no constituya "un acto ilegal".

    Mientras que la administración Obama ignora la tragedia humana en torno a la inmigración, e instituye oficialmente el prejuicio y la violencia en contra de los inmigrantes, un horripilante derrame de petróleo pone de manifiesto  dónde residen realmente sus valores.