El fiscal del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó hoy de que ha demandado a varias compañías de Brooklyn por ofrecer servicios fraudulentos a la comunidad de inmigrantes haitianos después del terremoto que sufrió ese país en enero pasado.

Cuomo, según un comunicado de prensa de la fiscalía, alegó en esas demandas que las compañías y sus propietarios "estaban proveyendo ilegalmente asesoría y servicios legales a inmigrantes haitianos".

Asimismo señala que al no ser abogados, esas personas "tienen prohibido dar asesoría legal o representar a cualquier persona ante las autoridades de inmigración".

En las demandas se agrega que esas firmas estaban cobrando "miles de dólares a los inmigrantes haitianos por procesar sus solicitudes de inmigración, que se pueden presentar de forma gratuita a través de la dispensa" que las autoridades estadounidenses concedieron tras el sismo de enero a los haitianos sin documentos en este país.

Las firmas demandadas por Cuomo son Chay Pa Lou Community Center, Delegue Tax Consultant y su propietario Jean Michel.

Igualmente se ha demandado a Rincher's Multi-Service (también conocido como Rincher Bookstore ó Rincher Associates ó Haitian American Entrepreneur's Group, LLC) y sus propietarios y operadores Deslande Seixas-Rincher, y Sharlene Seixas-Rincher.

"Tras el devastador terremoto de enero, los haitianos que viven en Nueva York han sido blanco de estafas de inmigración", señaló Cuomo, que subrayó los esfuerzos de la procuraduría general neoyorquina para combatir esos delitos.

Tras el terremoto, el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos permitió que los haitianos residentes en el país solicitaran el llamado "estatus de protección temporal" (Temporary Protected Status o TPS) por un plazo de 18 meses.

La investigación de la fiscalía neoyorquina reveló que esas compañías cobraban a los inmigrantes haitianos por procesar solicitudes de inmigración que podrían haber sido presentadas gratuitamente o por una tarifa baja.

La fiscalía general de Nueva York puede pedir a los imputados, además de penas de cárcel, multas de hasta 7.500 por cada violación cometida, así como una restitución monetaria.

"Las compañías operadas y de la propiedad de Jean Michel tienen responsabilidad legal en más de 100 violaciones conocidas, y las operadas y de la propiedad de Seixas-Rinchers, por más de 30 ", dice el comunicado.