El gobernador, Luis Fortuño, dijo este lunes que
el posible desalojo policial de la Universidad de Puerto Rico está
en manos de la Justicia, el día en el que vence el plazo impuesto
por el presidente de la institución, José Ramón de la Torre, para
que los estudiantes abandonen voluntariamente el recinto.

"Serán
los tribunales quienes diluciden sobre el asunto", señaló
el jefe del Ejecutivo, tras recordar que fue él quien solicitó la
retirada de la Policía de las entradas de la Universidad con el fin
de crear un ambiente propicio para alcanzar un acuerdo entre las
partes.

Fortuño propuso además la puesta en marcha de un sistema
de
votación privado para conocer la opinión de la mayoría de los
estudiantes sobre la continuación de la huelga, que cumple ya 46
días desde su comienzo.

La prensa de San Juan recoge un
comunicado de la Federación
Universitaria Pro Independencia (FUPI) según el cual el Gobierno
habría contratado los servicios de una empresa de seguridad privada
para ejecutar el desalojo del recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico.

La presidenta de la Junta de Síndicos
de la Universidad de Puerto
Rico, Ygrí Rivera, negó en varias ocasiones que se vaya a recurrir a
la fuerza para desalojar el recinto universitario.

Más de 200
alumnos acampan dentro del campus de la Universidad de
Puerto Rico, de San Juan, desde el pasado 21 de abril, en protesta
por la reducción en 100 millones de dólares del próximo presupuesto,
por el posible fin de la exención del pago de matrícula para algunos
colectivos y la subida espera de las matrículas del 4 por ciento.