La reunión del jueves entre el presidente de EE.UU, Barack Obama, y la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, sólo ha reforzado el choque de grupos a favor y en contra de una reforma migratoria, afirmaron hoy expertos.

Durante la reunión de media hora en el Despacho Oval, Obama y Brewer analizaron la polémica ley SB1070 en Arizona, los esfuerzos para resguardar la frontera sur y los pasos en busca de una vía para una reforma migratoria integral.

La reunión no generó sorpresas respecto a la ley SB1070 que criminaliza a los indocumentados: Obama la cataloga de "mal encaminada", mientras que Brewer la defiende como un mal necesario contra el flujo de drogas, armas y personas en la frontera con México.

Al salir de la reunión, Brewer repitió la postura de los conservadores: no apoyará la reforma migratoria hasta que no se refuerce la seguridad fronteriza y, de hecho, pidió la construcción de un muro en la frontera entre Arizona y México.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Obama destacó los logros de su Gobierno para la protección y seguridad fronteriza, e insistió en que las medidas policiales por sí solas no corregirán el problema actual.

La SB1070, que entrará en vigor el próximo 29 de julio a menos que lo impida un tribunal federal, criminaliza la presencia ilegal en Arizona y permite que, al detener a alguien por alguna infracción, la policía le pida pruebas de su estatus migratorio.

Jena Baker McNeil, analista de asuntos de seguridad interna de la Fundación Heritage, consideró injusto que se esté "satanizando a Arizona" porque, a su juicio, "el sistema migratorio está roto y el aparato federal no ha hecho lo suficiente para asegurar las fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias dentro de EE.UU."

El país no necesita "una amnistía que sólo alentará más inmigración ilegal sino buscar una respuesta que mantenga a esta nación libre, segura, próspera y soberana", agregó.

Según el Centro Hispano Pew, en 2008 había cerca de 500.000 indocumentados en Arizona, de los cuales cerca del 94 por ciento es de México. Además, cerca del 10 por ciento de la fuerza laboral de Arizona es indocumentada.

Arizona se considera el epicentro de la lucha contra la inmigración ilegal y varias legislaturas estatales quieren copiar su ley SB1070.

Aunque extraoficialmente una veintena de estados sopesan medidas similares a la SB1070, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) da cuenta sólo de cuatro estados -Carolina del Sur, Pensilvania, Rhode Island y Minesota- donde se han presentado formalmente medidas contra los indocumentados.

"Dudo que la reunión produzca resultados. Lo más probable es que el Congreso reactive el debate migratorio hasta el próximo año, después de las elecciones legislativas", dijo Anne Morse, analista de NCSL.

El problema, añadió, es que EE.UU. no ha modificado el sistema migratorio desde 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan promulgó una amnistía para cerca de tres millones de indocumentados.

Morse consideró que, si bien la inmigración siempre ha figurado entre los diez temas de envergadura nacional, el déficit, la economía y creación de empleos dominarán de cara a los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre.

Los partidarios de la SB1070 aseguran que la violencia ha incrementado en la frontera, pero un informe preliminar de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), indica que la tasa de criminalidad ha bajado en todo EE.UU. por tercer año consecutivo.

Los crímenes violentos han bajado en Arizona y los cometidos en los condados de la frontera del suroeste figuran entre los más bajos de la nación per cápita, según el FBI.

Para el movimiento pro-reforma, los conservadores buscan infundir el miedo contra los inmigrantes en base a exageraciones y la politización del debate migratorio.

Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudados Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo que las acciones policiales se han multiplicado, pero no han resuelto la situación de los doce millones de indocumentados en Estados Unidos.

Para Wilkes, Brewer "no cesará en sus esfuerzos por conseguir la reelección, aun si eso significa causarle daño a millones de personas y a la economía de su estado".

Se calcula que el boicot económico contra Arizona, al que se han sumado ciudades, condados, organizaciones y artistas internacionales, podría costarle solo a su capital, Phoenix, al estado al menos 90 millones de dólares por concepto de pérdida de convenciones y hoteles vacíos.

Varios grupos conservadores, entre ellos "Help Save Maryland", liderado por Brad Botwin, consideran que la mejor forma de deshacerse de los indocumentados es mediante su asfixia económica, privándoles de empleos y servicios públicos para que se vayan de EE.UU. voluntariamente.