El Tribunal Supremo de Justicia
dictaminó el martes que una persona detenida por la Policía debe reclamar
explícitamente su derecho a
permanecer callada, y a no hacer
declaraciones sin consultar con un abogado.

Cinco magistrados
votaron a favor, y cuatro en contra, de esa
interpretación de los llamados "Derechos
Miranda" por los cuales, en
Estados Unidos, las personas detenidas tienen derecho a no responder
a las preguntas de la policía hasta que se le provea un abogado.

Bajo
ese estatuto los policías tienen la obligación de "leer losderechos Miranda" a la persona
detenida, advirtiéndole además que
cualquier declaración que formule podría usarse en su contra en un
juicio.

Los magistrados dictaminaron hoy que no basta conque los
policías
informen al detenido o detenida
sobre sus derechos, sino que los
sospechosos deben decirle a la
policía que permanecerán callados
para que cese el interrogatorio y además deben
de especificar que
quieren contar con un abogado.

El fallo fue resultado de un caso
en el cual un sospechoso, Van
Chester Thompins, permaneció prácticamente callado durante un
interrogatorio policial de tres horas y media antes de implicarse en
un asesinato ocurrido el 10 de enero de 2000 en Southfield,
Michigan.

Thompkins apeló su condena alegando que él había
invocado susderechos Miranda para abstenerse de
hacer declaraciones porque se
había quedado callado.

Pero el juez Anthony Kennedy, que redactó
el dictamen apoyado por
otros cuatro magistrados, sostuvo que esto no es suficiente.

"Thompkins
no dijo que quería permanecer callado o que no quería
hablar con la policía", señaló Kennedy. "Si él hubiese formulado
cualquiera de estas declaraciones simples y claras, habría invocado
su derecho a que cesara el
interrogatorio. No formuló alguna de las
declaraciones, de manera que no invocó su derecho
a permanecer
callado".

La opinión disidente y minoritaria la redactó la jueza
Sonia
Sotomayor, quien sostuvo que la decisión "pone los derechos Miranda
patas arriba".

"Los sospechosos de un crimen deben ahora invocar sin
ambigüedades su derecho a permanecer
callado lo cual, obviamente,
requiere que hablen", apuntó Sotomayor.

"Al mismo tiempo se
presumirá que los sospechosos han renunciado
legalmente a sus derechos aún si
ellos no han dado una expresión
clara de su intención de hacerlo", continuó. "Estos resultados no
tienen fundamento en (los derechos)
Miranda y son incoherentes con
los principios de juicio justo".

Thompkins fue arrestado como
sospechoso de homicidio en 2001 y al
comienzo del interrogatorio los policías le leyeron sus derechos
Miranda y él dijo que los entendía.

Durante las más de tres horas
de interrogatorio, según los
investigadores, Thompins dijo poco, y ocasionalmente respondió a las
preguntas "sí", "no", "no sé", o asintiendo con la cabeza.

Pero
cuando uno de los agentes le preguntó si "rezaba pidiendo (a
Dios) perdón por haber matado a ese chico", Thompkins dijo "sí", lo
cual representó un reconocimiento implícito de culpabilidad.

Esa
confesión, sin embargo, no tiene validez legal en un juicio
bajo los derechos Miranda dado que
el sospechoso no tuvo oportunidad
de consultar con un abogado.

Los llamados "derechos Miranda" fueron consagrados en la
ley de
Estados Unidos después de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia
en 1966 en el caso Miranda versus Arizona.

En ese fallo el
Supremo dictaminó que los derechos
de Ernesto
Arturo Miranda bajo la Constitución habían sido violados durante su
arresto y juicio por secuestro y violación.

El fallo de 1966
especificó que "a la persona detenida, antes del
interrogatorio, debe informársele
claramente que tiene el derecho a
permanecer callada, y que cualquier cosa que diga puede usarse en su
contra en un juicio".

Además debe
informársele "que tiene el derecho a
consultar con un
abogado y a que haya un abogado presente durante el interrogatorio,
y que si no puede pagar un abogado se le designará uno de oficio
para que lo represente".