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Impunidad, el enemigo latinoamericano

Los obstáculos jurídicos contribuyeron a perpetuar la impunidad en América Latina en 2009, según el más reciente informe sobre los Derechos Humanos de Amnistía…

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Amnistía Internacional (AI) considera que los obstáculos jurídicos, jurisdiccionales y políticos ayudaron a mantener la impunidad en América el año pasado, según su último informe sobre los DD.HH. presentado esta semana en Londres.

Entre las investigaciones obstaculizadas, fracasadas o con pocos avances AI  cita en México la causa por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría, las investigaciones sobre torturas, homicidios y desapariciones en la dictadura en Brasil (1964-1985) y el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en la “guerra contra el terror” emprendida por EE.UU.

En la región “las leyes de amnistía continuaron obstaculizando diversas iniciativas puestas en marcha en El Salvador, Brasil y Uruguay para pedir cuentas a los responsables” de violaciones de derechos humanos, según el informe de AI.

En toda la región víctimas, familiares y defensores de los derechos humanos “seguían haciendo frente a las amenazas y los actos de acoso e intimidación” y luchaban para que los gobiernos y los grupos armados cumplieran su obligación de respetar las normas nacionales e internacionales, subraya la ONG.

AI denuncia que aumentó de nuevo el número de asesinatos en la región, sobre todo en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Jamaica, mientras que millones de personas en comunidades pobres sufrieron la violencia de bandas de delincuentes y los métodos “corruptos, represivos y discriminatorios” empleados por policías.

En Brasil, Jamaica, Colombia y México, añade, se acusó a las fuerzas de seguridad de “perpetrar centenares de homicidios” que las autoridades en su gran mayoría trataron de restar importancia por considerarlas denuncias falsas.

Amnistía expresó su preocupación por la situación en Colombia, donde el conflicto armado interno es “devastador” para la población civil y en el que todas las partes implicadas -fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrillas- “continuaron perpetrando abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario”.

Se refiere también al golpe de Estado en Honduras de junio de 2009, y afirma que las fuerzas de seguridad se excedieron en el uso de la fuerza y que las elecciones de noviembre no lograron eliminar las turbulencias e inestabilidad política generada por la asonada que derrocó al presidente Manuel Zelaya.

AI destaca que la pobreza se incrementó en la región en 9 millones de personas, contrastando con el crecimiento económico de años anteriores.

Considera que la violencia contra las mujeres y las niñas es aún “un fenómeno endémico” en América, y agrega que el número de casos de violencia intrafamiliar, violación y abusos sexuales aumentó en países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití.

Por otro lado, la organización cita como avances en Latinoamérica  la primera condena por violación de derechos humanos de un presidente elegido democráticamente, el peruano Alberto Fujimori, a 25 años de cárcel por torturas, desapariciones y asesinatos cometidas por agentes que estaban bajo su mando en 1991.

También añade que la Audiencia Nacional de España acusó formalmente en enero de 2009 a 14 militares salvadoreños de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad por el homicidio de seis jesuitas y dos mujeres cometido en 1989.

La ONG recuerda, además, que un tribunal de EE.UU. dictaminó que había motivos para juzgar al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín en un caso relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad y asesinatos.

AI destaca el juicio contra el ex presidente de Surinam Desiré Bouterse por el homicidio en 1982 de 13 civiles, y la condena a 25 años de prisión al ex presidente de facto uruguayo Gregorio Álvarez por el secuestro y homicidio de 37 activistas en 1978 en Argentina.

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