Los colombianos acuden a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Álvaro Uribe, el presidente más popular de la historia reciente del país y que tras ocho años en el Gobierno dejará un controvertido legado, con éxitos en seguridad y acusaciones sobre violaciones de derechos humanos.

Con una popularidad del 70 por ciento a tres meses de concluir su mandato, Uribe logró arrinconar a las FARC a base de golpes militares y desmontar las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, organización paramilitar ultraderechista), lo que incrementó la percepción de seguridad en un país sumido en un conflicto interno desde hace más de cuatro décadas.

Las ciudades fueron las más favorecidas porque la Fuerza Pública recuperó el control, así como las principales rutas viales, pero el conflicto se desplazó a las fronteras y zonas aisladas con un reguero de civiles desplazados de sus hogares.

Uribe hizo esta labor en el marco de su Política de Defensa y Seguridad Democrática, el eje de su gestión y sobre la que los expertos destacan luces y sombras, éxitos y fracasos, en definitiva una herencia con muchos retos para el próximo presidente.

“La Seguridad Democrática es una política de Estado, que por primera vez en Colombia fue prioridad absoluta del Gobierno”, explicó el director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rángel, para quien el mayor éxito está en “haberse ganado un inmenso apoyo de la población”.

También fortaleció a las Fuerzas Armadas y afianzó el respaldo de Estados Unidos, aliado clave de Colombia. Todo ello gracias a “un liderazgo muy firme, muy decidido, muy involucrado del presidente”, agregó el experto, quien participó en la elaboración de los borradores del programa de Seguridad Democrática.

Sin duda se trata de un punto de inflexión en la historia de Colombia, donde “ha existido desde hace mucho tiempo un problema crónico de inseguridad y violencia”, agregó Rángel.

Durante el gobierno de Uribe, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pasaron a tener de 18.000 a 6.000 combatientes; y en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se redujeron a una quinta parte hasta los 500, al tiempo que se desmovilizaron 31.000 paramilitares, detalló.

En cuanto al narcotráfico, “Colombia, que producía el 90% de la cocaína a nivel mundial, hoy está produciendo el 50%”, matizó.

Pero esta política también ha conllevado fracasos, como el rezago de la presencia del Estado en el conjunto del territorio, el traslado del conflicto a las fronteras, la debilidad de la Justicia, las ejecuciones extrajudiciales de civiles practicadas por el Ejército y el espionaje ilegal por parte del servicio de inteligencia, reconoció Rángel.

En el mismo sentido, el también experto en Seguridad y Política Pública de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas, señaló que Uribe “deja básicamente una Fuerza Pública fortalecida en cuanto a número y capacidad de respuesta, pero también cuestionada por unas violaciones graves a los derechos humanos”.

Vargas aludió así a “los mal llamados ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales) y al desplazamiento”.

Y es que, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), de los 4,9 millones de colombianos que se vieron obligados a abandonar sus hogares en los últimos 25 años a causa del conflicto, 2,4 millones lo han hecho desde 2002, es decir, durante el Gobierno de Uribe.

A juicio de Vargas, en ocho años quedan “unas FARC arrinconadas y desprestigiadas, pero también una sociedad muy polarizada en el tema de la controversia democrática porque para el Gobierno todo lo que no estuviera con él estaba ubicado en categoría de enemigo”.

La Seguridad Democrática, y especialmente “el papel omnipresente de Uribe”, ha generado asimismo “un debilitamiento de las autoridades locales y regionales”, agregó.

Para el experto, el futuro presidente deberá mantener “la expectativa sobre el tema de seguridad, pero más orientado a la seguridad ciudadana”, aunque sin aflojar la lucha contra la guerrilla.

Un reto difícil, porque para unos Uribe dejó el listón muy alto en materia de seguridad y para otros esos logros se obtuvieron a costa de los derechos humanos de los ciudadanos.