La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH) verá el próximo
jueves en audiencia pública un
caso contra México por la supuesta violación sexual y tortura, por
parte de militares, a la joven indígena Valentina Rosendo Cantú.

La
demanda se relaciona con la supuesta violación y tortura de la
indígena Me'phaa Valentina Rosendo Cantú el 16 de febrero de 2002,
cuando tenía 17 años, en el Estado de Guerrero, México, así como con
la supuesta falta de investigación y sanción de los responsables de
los hechos.

Rosendo declaró en una rueda de prensa que fue
violada por
dos militares y que tras interponer denuncias en su país, ha sido un
"tormento" pues ha recibido amenazas, la vigilaban y hubo un intento
de secuestro contra su hija, sin que las autoridades hayan
investigado.

La joven explicó que el caso se encuentra en el
fuero militar,
donde no ha querido comparecer, según ella, por temor a declarar
ante la institución donde trabajan sus agresores.

Afirma que tuvo
que dejar su comunidad y que ahora vive en un
lugar secreto por temor a represalias.

Además, expresó que
durante los últimos ocho años no ha tenido
acceso a la justicia y que el Estado se ha negado a reconocer
responsabilidad alguna.

Bidulfo Rosales, representante del Centro
de Derechos Humanos de
la montaña La Chinola, México, explicó que "este caso es
particularmente importante" ya que implica tortura, violación
sexual, discriminación por condición de pobre, indígena y de niñez.

El
activista dijo que el caso también reviste importancia por la
"excesiva militarización" que existe en México en la actualidad.

"Las
Fuerzas Armadas actúan sin ningún control y se suscitan una
serie de violaciones a los derechos humanos en contra de población
civil, principalmente indígena, y ya hay seis casos similares a los
de Valentina en el Estado de Guerrero", aseguró.

Por su parte,
Alejandra Nuño, integrante del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como
representante de la víctima ante la CorteIDH,
afirmó que México está
ignorando una orden del alto tribunal expresada en otro caso.

"El
Estado mexicano está en completo desacato de una orden de laCorte Interamericana
(en una sentencia por otro caso de 2009) que ya
dijo que para México la jurisdicción militar no puede bajo ninguna
circunstancia investigar violaciones de derechos humanos", afirmó
Nuño.

Agregó que "el hecho de que la investigación la siga
llevando a
cabo, no nada más por una institución completamente parcial, sino la
institución de la que son parte los que la agredieron, es
indignante".

Este es el segundo caso de este tipo por el que
México se sienta
en el banquillo de la CorteIDH, pues
en abril pasado los jueces
vieron el caso de la indígena Me'phaa, Inés Fernández, quien fue
abusada por militares también en 2002, del cual no ha dictado
sentencia.