El estado de excepción en cinco
regiones
de Paraguay concluyó este lunes tras
treinta días de vigencia, en medio de
críticas al Gobierno por la falta de resultados en la lucha contra
un grupo armado de izquierda que opera en el norte del país.

El
estado de excepción había sido decretado el 24 de abril pasado
por el Congreso tras una propuesta presentada por el jefe de Estado,
Fernando Lugo, para intentar capturar a los integrantes del
autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP).

Según la Fiscalía, ese grupo armado fue instruido por las
Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para perpetrar secuestros
y otro tipo de ilícitos.

El diputado del opositor Partido Patria
Querida (PPQ), Carlos
María Soler, calificó hoy ante periodistas como "un fracaso" esa
medida durante la que se realizaron operaciones con más de 3.000
policías y militares, aunque no se logró la captura de los
integrantes de ese grupo armado.

Aseveró que fue una "decepción" y
que analizarán y evaluarán si
valió la pena la disposición luego de que el jefe de Estado presente
al Parlamento, en un plazo no mayor a los cinco días como lo
estipula la Constitución, un informe sobre las operaciones.

Por
su parte, la diputada oficialista Desiree Masi opinó que no
se iba a cumplir en treinta días la captura de los miembros del EPP,
que fue el plazo que dio el Congreso para el estado de excepción, en
alusión a que el Gobierno había propuesto inicialmente la vigencia
de la medida por 60 días.

No obstante, Masi admitió que "hay un
consenso dentro del Poder
Ejecutivo para no pedir la prórroga de la medida" y comentó que "se
está viendo la manera en que los militares continúen apoyando las
tareas" en las regiones donde opera el grupo armado.

"A este
Gobierno le quieren hacer cargar el costo político de
este grupo armado que opera desde hace doce años en el país",
insistió la diputada.

El estado de excepción rigió en los
departamentos de Amambay,
Concepción, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay, estos
últimos en el Chaco (Región Occidental) y en cuyas zonas boscosas
operaría ese grupo armado.

Durante la vigencia de la medida, en
el marco de la que se
registraron incidentes entre grupos de militares y policías, fue
arrestado más de un centenar de personas, aunque ninguna de ellas
forman parte de la lista de los alrededor de veinte líderes del
grupo armado.

Los gremios de ganaderos y productores agrícolas,
cuyas haciendas
sufrieron saqueos o algún tipo de ataque, atribuidos al EPP, fueron
los únicos que exigieron que se prolongue la medida.

Entretanto,
el analista Alfredo Boccia dijo que lo obtenido
con el estado de excepción demuestra que "la declaración de la
medida ha sido innecesaria".

"Estamos como hace un mes atrás.
Esta no era la solución para la
situación. Fue una medida más mediática que efectiva", opinó el
analista.

Boccia sostuvo que esta situación también dio pie a "un
oportunismo enorme para que crezcan las críticas contra Lugo y
reflote la amenaza de un eventual juicio político contra el
gobernante por mal desempeño en sus funciones".

"No es un tema
que desemboque en una excusa para enjuiciar a
Lugo. El EPP es anterior a este Gobierno y seguirá luego de que el
mandatario entregue su mandato en 2013", resaltó.

Describió
además a ese grupo armado como "una especie de
movimiento de extrema izquierda radicalizada que opta por la
violencia y por tanto no cree en el sistema democrático".

En
alusión a las denuncias de violaciones de los derechos humanos
durante las operaciones, el analista expresó que "se registraron
algunos abusos aislados que serían naturales cuando tropas militares
y policiales irrumpen en poblados rurales que no están acostumbrados
a este tipo de incursiones".

Agregó que el mandatario tiene que
convencer a las fuerzas
políticas y al pueblo de que el EPP "trasciende el oportunismo de
los que quieren enjuiciarlo y tratar de hacer que se entienda que
este grupo armado está en contra del propio Estado".

El estado de
excepción fue declarado tras la muerte, el 21 de
abril pasado, de un agente y tres civiles en una emboscada atribuida
al EPP y ocurrida en una hacienda ganadera de Arroyito, 380
kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y
Concepción.