La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su preocupación por la
continuidad de las violaciones en Honduras
en el marco del golpe de
Estado contra Manuel Zelaya y afirmó que no se dan las condiciones
para el regreso del presidente derrocado en junio de 2009.

El
presidente de la CIDH, Felipe González, subrayó en conferencia
de prensa que "es importante" que Zelaya regrese al país y que "no
se le persiga", y que en las condiciones actuales no se le garantiza
un juicio imparcial porque las actuales autoridades están implicadas
en el golpe de Estado.

González encabezó una delegación de la
CIDH que el sábado pasado
llegó a Honduras para dar
seguimiento a la primera visita del mismo
organismo en agosto pasado, sobre denuncias de violaciones de
derechos humanos tras el derrocamiento de Zelaya por los militares.

La
CIDH expresó, además, su preocupación porque en Honduras
"continúan las violaciones" de las garantías constitucionales "en el
marco del golpe de Estado" de 2009.

"Al finalizar la visita, la
Comisión expresa su profunda
preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos
en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de
junio de 2009", subraya un comunicado de la CIDH distribuido a la
prensa al finalizar su visita a Tegucigalpa.

Zelaya fue depuesto
en momentos en que promovía una consulta
popular orientada a reformar la Constitución, pese a tener una
prohibición legal de varios organismos del Estado, entre ellos la
Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son acusados de
"golpistas" por los seguidores del ex gobernante y la resistencia
popular que exige su regreso.

Los miembros de la CIDH se
reunieron con representantes de los
tres poderes del Estado, defensores de derechos humanos que condenan
el golpe a Zelaya, periodistas, representantes de la sociedad civil
y miembros de la Comisión de la Verdad que fue instalada el pasado
día 4 en Tegucigalpa.

González subrayó que "se debe poner
prioridad en las
investigaciones" sobre violaciones de los derechos humanos enHonduras y que el Estado "debe poner
especial énfasis" en aquellos
casos en los que los involucrados en ese tipo de delitos son agentes
de los cuerpos de seguridad.

"Esperamos que se investiguen los
hechos y sancione a los
violadores de los derechos humanos", agregó González, al término de
una visita de cinco días de la misión del organismo a Honduras, país
que a raíz del golpe de Estado fue aislado por la comunidad
internacional y suspendido del Sistema Interamericano.

El
comunicado de la CIDH indica que "sin perjuicio de los avances
realizados para el retorno a la institucionalidad democrática",
junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha
recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre
ellas periodistas y defensores de derechos humanos.

"La CIDH y la
Relatoría Especial han manifestado su profunda
preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que
conduzcan al esclarecimiento de estos hechos", añade.

El
organismo expresó, además, su preocupación por el
"hostigamiento" contra jueces que participaron en protestas contra
el golpe de Estado, de los que cuatro fueron despedidos el pasado
día 5 por el poder judicial.

Los despedidos iniciaron el pasado
lunes una huelga de hambre en
la planta baja del Parlamento hondureño.

Al respecto, el
presidente hondureño, Porfirio Lobo, dijo hoy en
Madrid que no comparte la decisión de la Corte Suprema de Justicia
de su país de expulsar a cuatro jueces contrarios al golpe de Estado
que derrocó a Manuel Zelaya.

"Esta situación nos crea una
dificultad a los hondureños",
expresó Lobo al referirse a la decisión del órgano judicial.

En
Tegucigalpa, el coordinador del Frente Nacional de Resistencia
Popular, Juan Barahona, que exige una Constituyente y el regreso de
Zelaya, expresó que esperan que la CIDH no se limite a dar
informes sino que sancione al Estado de Honduras
por "violador" de
esas garantías.

Por su parte, el Comisionado de los Derechos
Humanos, Ramón
Custodio, afirmó hoy que la CIDH "responde más a los dictados de los
países que integran la Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA) y no al derecho interamericano".

El presidente de la CIDH
dijo escuetamente que a lo dicho por
Custodio, a quien los opositores al derrocamiento de Zelaya acusan
de "golpista", no le dan crédito porque sus afirmaciones "no tienen
ninguna base".