Carolina del Sur
comenzará a auditar a pequeñas empresas que tienden a contratar
inmigrantes en un momento en que la comunidad hispana del estado
teme que se aprueben nuevas medidas perjudiciales contra los
indocumentados.

La División de Licencias y Regulaciones del Departamento del
Trabajo (LLR) se prepara para comenzar a verificar el próximo 1 de
julio que cerca de 110.000 compañías, con menos de 100 empleados,
cumplan con las disposiciones de la ley estatal de inmigración.

La "Ley de Reforma Migratoria Ilegal", que fue firmada por el
gobernador republicano Mark Sanford el 4 de junio de 2008 y que es
considerada una de las "más severas" del país, castiga con multas y
suspensiones a las empresas que contraten indocumentados.

Asimismo obliga al empleador a utilizar uno de dos métodos de
verificación del estado migratorio de nuevos empleados: solicitando
su licencia de conducir válida del estado o de otros 26 de la
nación, que exigen tener el seguro social para tramitar el permiso
de manejo, o introduciendo sus datos en el programa federal
E-Verify.

De encontrarse irregularidades, la empresa recibiría una sanción
de 1.000 dólares o correría el riesgo de perder su licencia de
negocios si se comprueba que contrató "deliberadamente" personal sin
papeles.

Del mismo modo, ofrece una opción a empleados que fueron
despedidos para contratar a indocumentados de demandar en un plazo
de 60 días a sus empleadores.

Jim Knight, portavoz de LLR, explicó a los medios que el año
pasado LLR comenzó a cumplir la primera parte de la ley que disponía
la revisión de los récords de contratación de trabajadores a
compañías con personal de más de 100 personas.

Cerca de 2.200 fueron auditadas y de 1.500, el 94 por ciento
cumplió con las disposiciones de la legislación y sólo 89 recibieron
alguna amonestación.

"No espero los mismos resultados. Quizás hayan confusiones en
esas pequeñas empresas sobre la ley debido a la falta de
departamentos de recursos humanos o información sobre los aspectos
legales", apuntó Knight.

Se anticipa que los inspectores se concentren en empresas del
sector de construcción, jardinería, agricultura, restaurantes y
hoteles, que por lo general dependen de la mano de obra inmigrante
hispana.

Precisamente esas son las industrias que atrajeron a los
inmigrantes hispanos de otras zonas de la nación, México y
Centroamérica a este estado sureño a principios de 2000.

Las auditorías llegan un momento que la comunidad hispana de
Carolina del Sur enfrenta un clima de "temor" generado en parte por
la ley SB1070 de Arizona, que otorga facultades a la policía para
pedir documentos de residencia legal a cualquier persona.

También por la posible aprobación de una medida similar en este
estado -que todavía se encuentra en discusión- que "criminalizaría"
la presencia de indocumentados.

"Los negociantes hispanos están al tanto de la ley y en
expectativa por su aplicación. No sabemos lo que pueda pasar pero
notamos que hay mucha desinformación", afirmó hoy a Efe Evelyn Lugo,
presidenta de la Cámara de Comercio Hispana en Greenville, al norte
del estado.

La profesora Elaine Lacy, de la Universidad de Carolina del Sur,
que ha publicado varios estudios sobre el impacto de la presencia de
los inmigrantes en el estado "Palmetto", prepara actualmente un
informe sobre las consecuencias para la comunidad inmigrante tras la
promulgación de la ley en 2008.

Lacy, quien dará a conocer los resultados el próximo mes de
septiembre, adelantó hoy a Efe que ha encontrado que muchos
mexicanos "están abandonando" Carolina del Sur por "la situación
económica y la ley de inmigración estatal".

"Se están retrasando en el pago de sus cuentas y algunos no
pueden cumplir sus obligaciones. También encontramos un mayor número
de incidentes de discriminación en la medida que el sentimiento
anti-inmigrante incrementa", apuntó la catedrática.

Por su parte, Adela Mendoza, de la Alianza de Colaboración para
la Comunidad Hispana en Greenville, al norte del estado, apuntó que
se han esparcido "muchos rumores" infundados que agentes de
inmigración realizarán redadas en diferentes lugares.

"Las familias que carecen de documentos están asustadas y hacen
lo posible para sobrevivir", acotó Mendoza.

Cifras del Censo de 2008 indicaron que en Carolina del Sur viven
183.000 hispanos o el 4,3 por ciento del total de la población, de
los cuales cerca del 70 por ciento son de origen mexicano que
trabajan en la construcción, agricultura y servicios.

Un estudio reciente del Centro Hispano Pew arrojó que unos 80.000
hispanos de Carolina del Sur no tienen documentos migratorios para
vivir legalmente en EE.UU.