El Gobierno uruguayo no aceptará la
propuesta argentina de un control continuo de la planta de celulosa
de la finlandesa UPM (ex Botnia) porque excede las recomendaciones
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el
conflicto bilateral, confirmaron este jueves fuentes oficiales.

El
canciller uruguayo, Luis Almagro,
dijo que los controles de
ambos países sobre el río Uruguay
"se deben cumplir de acuerdo al
fallo de la Corte".

En tal sentido, especificó que el mandato de
la Corte no es el
control de las aguas de todo el río, sino "el control de la calidad
de las aguas en función de la instalación de la planta" UPM, destacó
Almagro en declaraciones a medios locales.

"Se está trabajando
con la finalidad de elaborar un marco de
referencia", agregó el canciller.

Al responder sobre la solicitud
de Argentina, en cuanto a la
vigilancia integral sobre la planta de UPM y si Uruguay había sido
notificado sobre esa situación, el canciller afirmó que su Gobierno
recibió una propuesta en la última reunión de la Comisión
Administradora del Río Uruguay
(CARU).

La CARU, a pedido de Argentina, se volverá a reunir el 17
de mayo
y cada país presentará una propuesta.

Almagro expresó que "se
debe tener en cuenta el marco de
referencia constituido por el fallo de la Corte Internacional de La
Haya".

"También se cuenta con otro marco de referencia, que son
las
competencias de la CARU. No se pueden exceder en las negociaciones
ni las competencias de la CARU, ni lo expresado por la Corte de La
Haya", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

La ministra uruguaya de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y
Medio Ambiente, Graciela Muslera, fue menos diplomática y más
directa.

"Argentina presentó una propuesta que va más allá de lo
establecido en el régimen de control", afirmó.

El Gobierno
argentino "presentó un plan de monitoreo en la planta
y no en el río, que es lo que le compete a la CARU", dijo la
ministra a medios locales, tras explicar en el Parlamento los planes
de su Secretaría de Estado.

Almagro anunció que el presidente uruguayo, José Mujica, y la
presidenta argentina, Cristina Fernández, se reunirán el 4 de junio
en la estancia presidencial uruguaya
de Anchorena, ubicada en el
departamento de Colonia, frente a Buenos Aires.

El Gobierno
argentino presentó el pasado 11 de mayo un proyecto
de vigilancia "integral y continua" de la planta de UPM (ex Botnia)
y de su impacto ecológico.

La delegación argentina ante la CARU,
creada en 1975 por el
tratado bilateral sobre el río Uruguay
que ambos países comparten,
presentó el proyecto tres semanas después de que la Corte de La Haya
falló que el Gobierno uruguayo
incumplió el tratado al autorizar de
forma unilateral la instalación de la planta de celulosa.

La
fábrica de la ex Botnia, que comenzó a funcionar en 2007, está
ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya
de Fray Bentos, a
orillas del río Uruguay, y frente a
las costas de la provincia
argentina de Entre Ríos.

La Corte de La Haya estimó que la planta
no contamina y puede
permanecer y funcionar en su actual ubicación.

Fernández y Mujica
se reunieron días después del fallo en Buenos
Aires para analizarlo y estudiar posibles pasos futuros.

La
instalación de la planta de celulosa desató el peor conflicto
en décadas entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, agravado por
el bloqueo que ecologistas argentinos mantienen desde fines de 2006
en el más importante puente internacional que une ambos países, en
protesta por la construcción y funcionamiento de la fábrica.