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Baltasar Garzón Vs. fantasmas del franquismo

El reconocido juez español deberá responder por cargos de prevaricato al decidir investigar crímenes de la dictadura. 

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El magistrado del Tribunal Supremo (TS) de
España que instruye la querella contra Baltasar Garzón por
declararse competente para investigar los crímenes del franquismo
(1939-1975) ordenó este miércoles la apertura de juicio oral contra el juez.

La
decisión del instructor, Luciano Varela, ocurre un día después
de que Garzón solicitara al Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, su traslado
temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Holanda).

Garzón,
el juez español más conocido internacionalmente después
de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto
Pinochet, quiere ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe de la
CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, durante siete meses.

El
presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra,
enviará este miércoles mismo el auto de apertura de juicio oral al CGPJ, que
que estudiará este viernes en un pleno extraordinario si suspende
cautelarmente a Garzón, juez de la Audiencia Nacional española.

El
CGPJ también acordó admitir a trámite la solicitud de
Garzón de que el Consejo le declare en situación de servicios
especiales para trasladarse a la CPI como "consultor externo" de la
Fiscalía de ese tribunal.

Si el juez resulta suspendido, no
podría marcharse a La Haya en
situación de servicios especiales, lo que no impediría que se
pudiera ir a título particular, según fuentes jurídicas.

Por su
parte, Varela rebate en su auto el argumento de la
Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las
acusaciones populares (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y
la asociación Libertad e Identidad) carecen de legitimación procesal
para sentar al juez en el banquillo.

A ese respecto, el TS
confirmó hoy la expulsión de la formación
ultraderechista Falange Española de las Jons (antaño fuerza ideóloga
del franquismo) de la causa contra Garzón, por no atender a tiempo
su requerimiento de corregir su escrito de acusación.

Tras dictar
la apertura del juicio oral, se dará traslado del
mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, incluido el abogado
defensor de Garzón, quien tiene que presentar su escrito de defensa.

Las
acusaciones populares han pedido al Tribunal Supremo una pena
de 20 años de inhabilitación para Garzón.

El abogado del juez,
Gonzalo Martín Fresneda, consideró hoy la
decisión de Varela injusta y prematura desde el punto de vista
procesal, ya que quedan varios recursos pendientes de resolver.

En
cambio, el representante de Manos Limpias, Miguel Bernard,
mostró su satisfacción por el auto de Varela y tildó de
"escandalosa" la "maniobra" de Garzón de pedir el traslado a la CPI.

Aparte
del citado auto, Varela dictó hoy otro en el que desestima
el recurso de Garzón contra la resolución que transformaba en
procedimiento abreviado las diligencias, con lo que anticipaba que
le sentaría en el banquillo.

Frente a la alegación de Garzón de
que la posición del magistrado
del TS impone un riesgo para la independencia judicial, el
instructor le recuerda que la libertad de decisión del juez "sólo
tiene una sujeción insalvable: el imperio de la ley".

El pasado
abril, Varela consideró que existía base para proceder
contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, pues ignoró
la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977 al investigar las
desapariciones ocurridas durante el franquismo.

Los hechos por
los que el juez está encausado se remontan a 2008,
cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la
Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general
Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se
sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.

El
encausamiento de Baltasar Garzón, de 54 años, ha desatado una
gran polémica entre sus partidarios y detractores en España.

Garzón
tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas
relacionada con la querella que se tramita contra él por el dinero
que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia
en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

La tercera
causa se refiere a la orden del juez de intervenir las
comunicaciones en prisión entre varios imputados del "caso Gürtel",
uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia
democrática española, que implica a dirigentes del conservador
Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición.

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