Organismos humanitarios y familiares
de víctimas del franquismo se preparan para apelar la decisión de
una jueza federal de Buenos Aires que rechazó la apertura en
Argentina de una causa por crímenes de la dictadura en España.

La
magistrada María Servini de Cubría "no admitió" la denuncia
presentada el pasado 14 de abril en los tribunales de Buenos Aires
para que se investiguen en el país suramericano los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco
amparándose en el principio de "jurisdicción universal", afirmaron
hoy fuentes judiciales.

Los abogados demandantes fueron
notificados este viernes de la
medida, que será apelada "la próxima semana" ante la Cámara Federal
de Apelaciones, anticipó a el abogado Ricardo Huñis, uno de los
redactores de la demanda.

La resolución de Servini de Cubría está
en sintonía con la que
había adoptado la semana pasada el fiscal Federico Delgado, quien
rechazó la demanda al considerar "ilegal" el inicio de un proceso
que en España llevan a cabo "numerosos tribunales".

Servini se
apoyó en el dictamen del fiscal, al que consideró
"vinculante", por lo que resolvió "desestimar las presentes
actuaciones por imposibilidad de proceder", indica su resolución.

"No es cierto que se investigue el franquismo
en España. Los
tribunales cerraron allí las puertas y cuando el juez Baltasar
Garzón quiso investigar los crímenes, lo acusaron de prevaricación",
dijo el premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez
Esquivel, uno de los promotores de la querella.

El presidente del
Consejo Consultivo Continental, Beinusz
Szmukler, otro de los abogados que redactó la querella, también
calificó de "erróneos" los argumentos del fiscal y anticipó que los
demandantes se dedicarán ahora a preparar la apelación.

"Es
preocupante, pero todavía tenemos un largo camino para
recorrer en el país. Nos presentaremos ante la Cámara de Apelaciones
y, si es necesario, veremos de llegar a la Corte Suprema", advirtió
Pérez Esquivel a Efe.

El fiscal Delgado había señalado que
"iniciar un proceso en
Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una
ilegalidad mayor", lo cual consideró que es "incompatible con la
evolución del derecho internacional de los derechos humanos".

"Es
innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos
de lesa humanidad y en consecuencia es innegable también que el
reclamo de quienes pretenden una investigación en Argentina está
amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la
categoría de delitos de lesa humanidad", reconoció Delgado.

La
demanda fue presentada en Buenos Aires por familiares de
víctimas de la dictadura franquista y por organizaciones argentinas
de derechos humanos, Pérez Esquivel y asociaciones españolas de
recuperación de la memoria histórica.

"Es absurdo que no se haga
justicia. El franquismo va a tener que
juzgarse, no se puede negar, aunque haya muchos intereses creados",
aseguró a Efe Darío Rivas Cando, de 91 años, uno de los familiares
de las víctimas del franquismo que encabezó la demanda.

Rivas
Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés
García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937, fueron los
primeros en liderar la querella presentada ante los tribunales
federales por genocidio.

Pocos días después, la demanda fue
ampliada con diecisiete nuevos
casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados
por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación
llevada a cabo por universidades del noroeste de España durante los
últimos cuatro años.

La querella solicitó que la Justicia recabe
datos sobre miembros
de los gobiernos españoles en funciones entre el 17 de julio de 1936
y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos del Ejército,
Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y
dirigentes de Falange Española.

Entre los nombres y domicilios
que piden recabar se encuentra el
del presidente fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga.

Además,
pidió listas de desaparecidos, asesinados y torturados y
de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños
robados durante la dictadura, e información de "todas las empresas
privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos
republicanos que aún siguen activas".