Quienes visitan Caracas con frecuencia ya conocen el ejercicio. Si
aterrizan de noche en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, deben
tomar un taxi y esperar a que otro transporte de pasajeros aparezca para
hacer juntos el recorrido hasta la capital venezolana.

Esa es la práctica más prudente y segura. De otra forma, se corre
el riesgo de ser presa fácil de secuestradores, que merodean a lo largo
de la carretera de 22 kilómetros y retienen a sus víctimas en casuchas
hasta que les paguen un rescate.

Sin embargo, ese no es el único problema de seguridad en
Venezuela. La nación suramericana tiene hoy una de las tasas de
secuestro más altas del mundo. En 2009, el volumen de estos delitos
aumentó entre 40 y 60 por ciento con respecto al año anterior, según el
Departamento de Estado de Estados Unidos. En su mayoría, son los
llamados secuestros “express”, que duran unas 24 horas, pero que
resultan muy lucrativos para los criminales.

También en 2009 hubo 16.047 homicidios. Este récord casi
cuadruplica el registro de asesinatos de hace una década, según el
Observatorio Venezolano de Violencia, que asegura utilizar las cifras
oficiales más conservadoras. Tristemente, la impunidad también creció en
proporciones similares en los últimos diez años. Sólo 1.491 detenciones
por homicidios ocurrieron el año pasado, en contraste con 5.017
registradas en 1998.

Claramente, se entiende que la situación de criminalidad del país
requiere de una mayor atención, pero también de análisis e inversión
seria.

El presidente venezolano Hugo Chávez ha dedicado sus once años de
gobierno a mejorar la situación de los pobres. A pesar de todos sus
reveses, su revolución socialista ha logrado, por ejemplo, que la
disparidad de ingresos en Venezuela sea la más baja de toda América
Latina. Pero mientras busca asegurar el bienestar social, ha ignorado la
seguridad pública.

Chávez ha perseguido, en cambio, una política quijotesca de
seguridad nacional, en vez de mejorar la protección ciudadana. Su
gobierno ha invertido millardos de dólares en nuevas armas y otro equipo
militar, así como en entrenar a miles de milicias campesinas como
refuerzos de las fuerzas armadas. Todo ello lo ha hecho ante la
posibilidad, entre otras cosas, de una supuesta agresión extranjera.

Hace unas semanas, el primer ministro ruso, Vladimir Putin,
anunció un nuevo acuerdo con Venezuela para la adquisición de cinco
millardos de dólares en armamento. Desde 2005, Chávez ha gastado más de
diez millardos de dólares en compras similares, lo que pone a Venezuela
muy a la cabeza como mayor comprador de armas de América Latina.

Las prioridades tergiversadas de seguridad y el desperdicio de
valiosos recursos no es todo. Venezuela no ha puesto fuera de servicio
los equipos 

militares obsoletos que han sido reemplazados. Con procedimientos
inadecuados para su registro y frecuente inventario, fácilmente éstos
pueden terminar en el mercado negro y en manos de malhechores.

Según Matt Schroeder, director del Proyecto de Monitoreo de Venta
de Armas de Federation of American Scientists en Washington, este
armamento puede “abastecer a elementos criminales en Venezuela y
filtrarse a la región”, una preocupación seria para la vecina Colombia,
que todavía enfrenta a varios grupos rebeldes ilegales.

Los elevados niveles de impunidad, sumados al armamento sobrante y
al hecho de que los venezolanos poseen entre 9 y 15 millones de armas
de fuego son, simplemente, una receta para aumentar el crimen.

Para enfrentar la situación, el gobierno de Chávez lanzó el
Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana el mes pasado. Con esa
nueva estrategia, busca mejorar la seguridad de las 36 municipalidades
más afectadas por la violencia callejera. En diciembre pasado, Chávez
creó también una nueva policía federal para encarar la endémica
corrupción policial.

Aún así, algunos expertos aseguran que estos esfuerzos no son
suficientes. En una entrevista reciente con el diario local El Nacional,
el experto en seguridad, Fermín Mármol García, dijo que ha habido “doce
planes de seguridad en diez años de revolución”, pero no la voluntad
política para enfrentar el crimen organizado. Cuarenta años antes de que
Chávez llegara al poder, agregó, hubo un total de 304 secuestros; desde
1999 ha habido 2.655. “Algo pasó en nuestra sociedad”, asegura.

Es típico de Chávez culpar a otros; Colombia, por ejemplo. Y es
verdad que grupos ilegales colombianos tienen historial de secuestro en
la nación venezolana. También es probable que algunos de los logros
colombianos en seguridad han significado la reubicación de elementos
criminales y narcotraficantes en países como Venezuela.

Pero el hecho es que la ola de criminalidad en esa nación es,
sobre todo, el resultado de un debilitamiento interno de las
instituciones. El gobierno nacional, según Roberto Briceño León,
sociólogo director del Observatorio Venezolano de Violencia, ha
desarmado a algunas fuerzas policíacas locales por razones políticas.
Además, dijo el académico en una entrevista, ha establecido un pobre
ejemplo como el “primero que quebranta las normas”, socavando así la
base legal del país.

Mientras tanto, en el frente de seguridad, la prioridad de Chávez
es armarse contra los enemigos que él cree tener, afirmó Briceño. En
ese sentido no hay una política destinada a proteger a la población,
sino simplemente a sus seguidores.

(Marcela Sánchez ha sido periodista en Washington desde comienzos
de los noventa y ha escrito una columna semanal hace siete años.)