Dos grupos hispanos se disponen a
presentar sendas querellas contra una ley promulgada en Arizona que
criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, mientras
el Gobierno federal revisa la legislación por si supone una
violación a los derechos civiles.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso el viernes su firma en la
legislación que refleja la impaciencia de su Estado y otros por la
falta de una política inmigratoria clara y firme del Gobierno
federal que ha causado la presencia en el país de más de 12 millones
de extranjeros indocumentados.

El presidente estadounidense, Barack Obama, que calificó ayer
como "mal encaminada" la ley de Arizona antes que Brewer la
promulgara, ordenó al Departamento de Justicia que estudie la norma
para determinar si viola las leyes federales de derechos civiles.

La nueva disposición legal autoriza a las policías del estado a
detener, interrogar y exigir documentos a las personas de que los
agentes tengan razones para sospechar que son inmigrantes
indocumentados.

El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación
(Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la
legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza
en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con
repercusiones para todo el país".

Maldef anunció que iniciará una querella contra ella.

Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional
del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa
Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito
federal para impedir que se aplique la nueva ley en Arizona.

"Millones de latinos en todo el país están conmocionados",
sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30.000 iglesias
evangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos
en Arizona.

La aprobación de la normativa la semana pasada en la legislatura
de Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca de
la frontera de México, después que un ranchero fuera asesinado
supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, en
una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros que
ingresan ilegalmente a Estados Unidos.

"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de
los contrabandistas de drogas", dijo Brewer después haber promulgado
la ley. "Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplica
esta ley y hay quienes están listos a saltar ante la menor
equivocación".

Los adversarios de la norma opinan que, en un estado donde hay
más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de la población de
Arizona), entre ellos unos 420.000 inmigrantes indocumentados, es
muy difícil que pueda aplicarse sin que la policía se enfoque en los
latinos.

Una estipulación del nuevo texto legal prohíbe que la policía use
"solamente" la "raza", es decir los rasgos físicos, la apariencia,
para sospechar acerca de la situación legal de una persona, pero la
ley no prohíbe que ese sea uno de los factores.

En protesta por la promulgación de la legislación, la Asociación
Estadounidense de Abogados de Inmigración canceló su convención
nacional programada para el otoño (boreal) en Arizona, al tiempo que
ocurrían en Phoenix algunas manifestaciones callejeras.

Jesús Serrano, que trabaja para una compañía de camiones de carga
con sede en Los Ángeles, dijo que él y unos 70 conductores se habían
puesto de acuerdo para no transitar por Arizona en señal de rechazo
a la ley.

Casi el 40 por ciento de las frutas y verduras importadas de
México a Estados Unidos pasa por la ciudad fronteriza de Nogales, en
Arizona, y Serrano advirtió de que la protesta de los camioneros
podría crear una acumulación de productos en los depósitos de esa
localidad.

"Una y otra vez los tribunales han determinado y han dejado bien
claro que la autoridad para regular y aplicar las leyes de
inmigración es de dominio exclusivo del Gobierno federal", afirmó
Karen Tumlin, del Centro Nacional de Ley de Inmigración. "Esta ley
viola el ámbito federal cuando trata de regular y aplicar la ley de
inmigración".

Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de
Inmigración, opinó que la normativa es más vulnerable por el flanco
de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y
registros personales ilegales simplemente debido a la apariencia de
las personas.

La disposición legal requiere que los extranjeros en Arizona
porten siempre sus documentos de inmigración y la policía
probablemente va a detener e interrogar más a las personas de
aspecto "hispano" que a las demás.