Los datos personales de millones de mexicanos han sido extraídos de manera masiva, tanto de dependencias públicas como de empresas privadas, y puestos a la venta en Internet.

Los listados del IFE y otras entidades listados en 500 pesos; algunas bases se consiguen en 10 mil pesos e información especializada y a detalle por 50 mil dólares.

Tarjetahabientes han denunciado que luego de solicitar una tarjeta de crédito reciben vía postal y telefónica ofertas para adquirir diversos productos.
 
En prácticamente todos los países del mundo tanto el sector público como el privado han recurrido a la creación y uso de múltiples sistemas de información contentivos de datos personales de los ciudadanos.

Esta información es un bien permanentemente comercializado y un insumo diario de los sistemas de información privados y gubernamentales.

Adicionalmente, toda esa  información es procesada mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s), las cuales facilitan realizar en cuestión de segundos cualquier tipo de actividad con miras a utilizar  los “datos personales” para múltiples fines.

Se recomienda:

Tener en cuenta las políticas de confidencialidad de cada empresa o entidad pública acerca de la protección de datos de carácter personal y la reserva del derecho a verificar los mencionados datos.

No obstante, el usuario debe ser consciente que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Ahora bien, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.

La protección de datos personales y el habeas data representan garantías jurídicas para el ciudadano porque obligan a quienes recolectan y usan dicha información a garantizar en todo momento el respeto de sus derechos.

El tratamiento de miles de millones de datos personales puede obedecer a diversos fines lícitos o ilícitos: Seguridad nacional, tributarios, estadísticos, planeación económica, políticos, penales, comerciales, financieros, clínicos, laborales, seguridad social, científicos, académicos, sociales, servicios públicos, delictivos (secuestros, extorsiones) etc. 

Frente a esta realidad, existe preocupación no sólo por el uso ilegítimo de la información sino por la  eventual negligencia o el abuso en que puedan incurrir los administradores de  los bancos de datos o quien tenga poder de decisión sobre los mismos.

En Colombia por ejemplo, existen numerosas bases de datos  en las cuales se puede encontrar, entre otros, millones de datos personales referentes a diversos aspectos de la persona como su identificación e información dactiloscópica, las historias clínicas, los aportes al sistema de seguridad social, la afiliación a medicina prepagada, pensiones, riesgos y salud, impuestos, registro mercantil, hojas de vida, censos, estadísticas, antecedentes penales y disciplinarios, órdenes de captura, sanciones por infracciones de tránsito, registro de proponentes, comportamiento financiero (hábitos de pago), bienes, etc.
 

Así reportaron  El Universal.mx - Acis