LIVE STREAMING

Último dictador argentino condenado por 25 años

Un tribunal condenó a prisión a Reynaldo Bignone por delitos de lesa humanidad.  

MÁS EN ESTA SECCIÓN

¿Cuáles son las preocupacion

Protección Temporal

La economía está estancada

Buenas noticias empresarios

Adiós a un 'problem solver'

Combatiendo la adicción

Un problema sin vencimiento

Cultura latina dividida

COMPARTA ESTE CONTENIDO:

Un tribunal condenó este martes a 25 años de
prisión a Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura
militar argentina (1976-1983), por delitos de lesa humanidad
cometidos en el mayor centro clandestino de detención del régimen de
facto.

El Tribunal Oral Federal 1 de la localidad de San Martín, a las
afueras de la capital argentina, dictó idénticas penas para los ex
generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, y sentenció
a 20 años al ex militar Carlos Tepedino.

También condenó a los antiguos militares Jorge García y Eugenio
Guañabens Perelló a 18 y 17 años de prisión, respectivamente, y
absolvió al ex policía Germán Montenegro.

En una resolución aplaudida por familiares de las víctimas de la
dictadura que presenciaron la lectura del veredicto, el tribunal
ordenó además que se revoque la prisión domiciliaria que hasta hoy
cumplían Bignone (1982-1983), Tepedino y Guañabens Perelló, quienes
deberán ser conducidos a una cárcel común junto al resto de los
condenados.

"Estamos felices por las condenas y la decisión de internarlos en
una cárcel común, por los 30.000 desaparecidos, por las madres, las
abuelas, los hijos, por el pueblo argentino", afirmó Estela de
Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.

En la misma línea se pronunció el secretario de Derechos Humanos
del país, Eduardo Luis Duhalde, para quien la sentencia es "justa,
acorde con los hechos probados".

El juicio comenzó el pasado noviembre por allanamientos ilegales,
privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de
56 personas que pasaron por la guarnición militar de Campo de Mayo,
en las afueras de Buenos Aires, considerada la mayor cárcel
clandestina de la dictadura porque albergaba cuatro centros de
tortura y una maternidad.

Tanto la Fiscalía como la mayor parte de las querellas, entre
ellas la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, habían
solicitado 25 años de cárcel para Bignone, Riveros, García,
Verplaetsen y Tepedino, y penas menores para los otros dos acusados.

En este proceso sólo se han juzgado delitos contra 56 víctimas de
Campo de Mayo, una mínima porción de las más de 5.000 que, según los
organismos de derechos humanos, pasaron por ese campo de
concentración, en el que hubo muy pocos sobrevivientes.

Bignone, de 82 años, afirmó hoy en su testimonio final ante los
jueces que en Argentina se desarrolló una "guerra irregular" en la
que las Fuerzas Armadas "tuvieron que intervenir para derrocar al
terrorismo".

El dictador, para quien las víctimas de la represión "ni eran tan
jóvenes ni tan idealistas", recurrió hoy a una cita del tres veces
presidente Juan Domingo Perón para justificar la represión y
cuestionó las cifras de víctimas del régimen de facto.

Bignone dijo que, frente a los 30.000 desaparecidos y 500 bebés
apropiados denunciados por organismos humanitarios, no está
demostrado que hubiera más de 8.000 desaparecidos y unos 30 niños
robados durante la dictadura.

Ya retirado de las Fuerzas Armadas, Reynaldo Bignone fue
designado presidente el 1 de julio de 1982 en sustitución de
Leopoldo Galtieri, después de la derrota argentina en la guerra con
el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.

En su corta gestión, el dictador negoció la transición hacia la
democracia, ordenó destruir todas las pruebas de la represión ilegal
y dictó una ley de Pacificación Nacional para beneficiar a los
miembros de las Fuerzas Armadas, norma posteriormente anulada por el
Gobierno constitucional al considerarla una "autoamnistía".

En democracia, y tras varias entradas y salidas de la cárcel por
delitos de lesa humanidad, Bignone fue detenido en 2007 por orden
del tribunal que le condenó hoy, aunque gozó del beneficio del
arresto domiciliario que prevén las leyes argentinas para los
mayores de 70 años.