La Justicia de Costa Rica sentó este lunes en
el banquillo de los acusados al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez
en el inicio de un juicio por presunta corrupción en un caso
relacionado con la adjudicación de una red de telefonía celular a la
firma francesa Alcatel.

Rodríguez, ex secretario general de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), enfrenta dos cargos de enriquecimiento ilícito por
supuestamente recibir más de 800.000 dólares de Alcatel cuando aún
ostentaba su cargo de presidente del país (1998-2002).

La
acusación de la Fiscalía, leída este lunes en el primer día de
juicio, detalla que Alcatel repartió dádivas cercanas a los 14
millones de dólares a varios funcionarios públicos costarricenses
para asegurarse la adjudicación de un contrato con el estatal
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En 2002, el ICE
pagó a Alcatel 149 millones de dólares para la
instalación de 400.000 líneas celulares en el país.

Antes de
ingresar a la sala de juicio, Rodríguez, quien siempre
ha defendido su inocencia, declaró a la prensa que se siente
"positivo y optimista", pero sobre todo "confiado en que la verdad
se determinará al final".

"Estamos finalmente acá como debió
suceder hace más de 66 meses,
pero lo importante es que la Justicia se exprese en un debido
proceso. Nos tomó 2.011 días pero al fin estamos llegando ante los
jueces", agregó Rodríguez, que ha denunciado múltiples errores y lo
que considera violaciones a los derechos fundamentales por parte de
la Fiscalía.

La repartición de comisiones a funcionarios públicos
ha sido
reconocida por la propia empresa francesa a través de su ex
ejecutivo de más alto nivel para Latinoamérica, Christian Sapsizian,
que fue condenado en Estados Unidos en 2008 por estos hechos.

La
acusación de la Fiscalía involucra, además de a Rodríguez, a
otros ocho imputados que se vieron favorecidos de una u otra forma
con los sobornos girados por Alcatel.

En el caso del ex
mandatario, los principales señalamientos en su
contra corresponden a hechos confesados por José Antonio Lobo, su ex
asesor y ex ministro de Vivienda.

Lobo, quien también se
benefició de las comisiones, no participa
como imputado en el juicio pues la Fiscalía le aplicó un instrumento
jurídico llamado "criterio de oportunidad", que permite a las
autoridades no perseguir un delito a cambio de la colaboración de un
sospechoso para atrapar a otro de mayor importancia.

Se espera
que Lobo sea uno de los testigos clave del juicio, pues
su versión de los hechos vincula directamente a Rodríguez.

Según
el texto de la acusación, Sapsizian ofreció personalmente a
Lobo cerca de 1,5 millones de dólares para garantizar el apoyo del
Gobierno a Alcatel.

Lobo aseguró haber consultado la situación
con el entonces
presidente Rodríguez y que éste no solo le dio el visto bueno para
realizar el trato sino que solicitó para sí mismo el 60% de esta
comisión.

No obstante, la ausencia de Lobo entre los imputados,
es una de
las principales críticas de los defensores del ex gobernante.

El
abogado de Rodríguez, Eduardo Araya, expresó a periodistas que
a todas luces "la figura central del proceso es José Antonio Lobo, a
quien no procede haberle dado el criterio de oportunidad".

Se
espera que el juicio del llamado caso ICE-Alcatel se extienda
durante seis meses, y que un total de 110 testigos den su
declaración.

Por este caso, Rodríguez renunció a su puesto como
secretario
general de la OEA y regresó a Costa Rica en el 2004, tras lo cual
estuvo en prisión preventiva y arresto domiciliario.

Este es el
segundo ex presidente costarricense enjuiciado por
corrupción. El año pasado Rafael Ángel Calderón (1990-1994) fue
condenado a cinco años de prisión por un caso también de comisiones
ilegales, pero en el Seguro Social.