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Baltazar Garzón, del estrado del juez al banquillo de los acusados

La causa abierta contra Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes de la dictadura franquista suscita una gran polémica en España.

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La
causa abierta contra Baltasar Garzón
por su intento de investigar los crímenes de la dictadura
franquista, que podría suponer su suspensión como juez, suscita una
gran polémica en España con
posiciones muy enfrentadas y la Justicia
española en medio de un agrio debate.

Garzón, de 54 años, es el
juez español más conocido
internacionalmente después de cobrar notoriedad en 1998 cuando
ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.

En España ha instruido algunos de los casos
más relevantes, como
el "caso GAL" en las décadas de los años 80 y 90, que investigó la
llamada "guerra sucia" contra la organización terrorista ETA.

Pero
pese a su trayectoria, Garzón podría verse en el banquillo
de los acusados y suspendido en sus funciones como magistrado de la
Audiencia Nacional española si prospera el auto del juez del
Tribunal Supremo Luciano Varela, que le acusa de "prevaricación".

Varela
sostiene que Garzón decidió investigar los crímenes del
franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977,
dos años después de la muerte de Francisco Franco (1975), en la
Transición a la Democracia.

Las voces más críticas con la
actuación del Tribunal Supremo por
haber admitido a trámite la denuncia subrayan que la querella ha
sido interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y
Falange Española, una formación de extrema derecha y ligada al
franquismo.

La polémica entorno a la actuación de Garzón y del
Tribunal
Supremo se acentuó tras un acto de apoyo celebrado este martes en la
Universidad Complutense de Madrid, que reunió a miles de personas,
muchos de ellos dirigentes sindicales, intelectuales y artistas.

Algunos
participantes en este acto atacaron la actuación del
Tribunal Supremo y a sus miembros, actuación que fue duramente
criticada hoy por asociaciones judiciales y dirigentes del
conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, que
acusó a los participantes de desprestigiar y socavar las
instituciones del Estado.

El ex fiscal anticorrupción Carlos
Jiménez Villarejo acaparó gran
parte de las críticas después de haber afirmado que los miembros del
Tribunal Supremo son un instrumento "de la actual expresión del
fascismo español" por haber admitido la querella contra Garzón.

Estas
palabras fueron respondidas tanto desde el Alto Tribunal
como por distintas asociaciones judiciales, que las han considerado
"un exceso", además de "insultantes" e "impropias".

La polémica
en torno a Garzón ha traspasado las fronteras
españolas y la prensa internacional ha terciado con duros
editoriales en unos casos (The New York Times) sobre la actuación de
la Justicia española, y en otros (The Wall Street Journal) sobre
Garzón.

Los comentarios que se han suscitado preocupan al
Tribunal
Supremo que ha convocado a los corresponsales extranjeros en Madrid
para el próximo viernes para explicarles las complejidades técnicas
del procedimiento judicial español.

Además del caso sobre el
franquismo, en el que Garzón ha recibido
el apoyo de asociaciones partidarias de la recuperación de la
Memoria Histórica y familiares de víctimas de la dictadura que han
presentado una querella contra Varela, el magistrado tiene otras dos
causas pendientes con la justicia española.

Mañana, jueves, está
convocado a declarar como imputado ante el
Tribunal Supremo por una denuncia relacionada con el dinero que
presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la
Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.

Los querellantes
relacionan la percepción de 300.000 dólares por
el juez con su decisión de no admitir a trámite una querella contra
directivos del Banco Santander.

En el Tribunal Supremo hay una
tercera causa contra Garzón por
ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios
imputados en una trama de corrupción conocida como el "caso Gürtel"
y sus abogados.

La investigación de este caso, de gran
repercusión política enEspaña porque implica a personas
vinculadas con el PP, fue abierta
por Garzón.

El magistrado recibió hoy el respaldo de
organizaciones
humanitarias de España y Argentina
que presentaron en Buenos Aires,
junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, una demanda
para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura franquista.

Los hechos por los que está
encausado se remontan a 2008, cuando
se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas
durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura
franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas comunes
donde se sospecha que fueron enterradas personas desaparecidas

 

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