El Fondo Monetario Internacional lo cree. Alrededor del mundo,
políticos, economistas y defensores del consumidor también lo piensan.
Los líderes de Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña lo han dicho: la recuperación en curso de la peor crisis
económica mundial en décadas podría frustrar esfuerzos para reformar el
sistema financiero que generó el desastre.

El riesgo es claro. A medida que mejora la economía mundial,
gobernantes y autoridades reguladoras podrían perder el sentido de
urgencia necesario para aplicar nuevas reglas a la banca y, en especial,
a aquellas instituciones que por su magnitud conviene mantener inmunes a
las quiebras. Por esta razón, Stephen Harper, Lee Myung-Bak, Barack
Obama, Nicolas Sarkozy y Gordon Brown escribieron una carta pública el
mes pasado para reiterar su compromiso y urgir a los demás miembros del
Grupo de los 20 (G-20) a que asuman el reto con toda seriedad.

Alcanzar reformas acordadas unánimemente en el ámbito
internacional no será fácil. Desacuerdos substanciales sobre cuál será
el mejor enfoque ya existen entre naciones industriales clave. Además,
las actuales normas internacionales, reunidas en los acuerdos de Basilea
I y II, tomaron años en formularse, pero demostraron ser ineficaces
para prevenir la crisis.

Mientras tanto, la industria bancaria hace un gran esfuerzo para
bloquear cambios que consideran inconvenientes. En Estados Unidos, la
“industria tiene cuatro personas presionando por cada miembro de la
Cámara y el Senado”, afirmó recientemente Larry Summers, el principal
consejero económico del presidente Obama.

No debiera sorprender que las economías que enfrentaron la
tormenta con éxito relativo fueron aquellas con estatutos más estrictos
que los establecidos por las regulaciones internacionales. Más
significativo aún es que donde se aplicaron estas reglas más severas
son, en general, naciones emergentes.

En Brasil e India, por ejemplo, los bancos deben mantener
porcentajes de capital en reserva superiores al 8 por ciento establecido
por los acuerdos de Basilea. También en Brasil, las autoridades
reguladoras requieren mejor contabilidad, así como que cada cliente y
transacción sean identificados.

Según Liliana Rojas-Suarez, experta en regulaciones financieras
internacionales del Center for Global Development en Washington, los
países emergentes “no están muy impresionados con Basilea”.

Esta crisis global ha acelerado el surgimiento de nuevas
potencias económicas y el descenso de otras. En septiembre pasado, el
G-20, que incluye a 11 naciones emergentes, reemplazó al Grupo de los
Siete como escenario oficial para coordinar una respuesta internacional a
la crisis económica mundial. En enero de 2011, países en desarrollo 

deberán ostentar un mínimo de 5 por ciento de derecho a voto en el
Fondo Monetario Internacional y 3 por ciento en el Banco Mundial, como
parte de las reformas a la estructura de gobernabilidad internacional.

Eso significa que ahora, más que nunca, estas naciones deberán
asumir mayor liderazgo en establecer nuevas normas. Por mucho que los
firmantes de la carta del 30 de marzo se comprometen con dar un buen
ejemplo, la mayoría no se ha destacado por ser los mejores abanderados
de las reformas requeridas.

Sin embargo, no es claro cómo las naciones emergentes superarán
un obstáculo obvio de legitimidad en este cambiante contexto mundial.
Por ahora, las más grandes Brasil, Rusia, India y China- están decididas
a asegurarle a la comunidad mundial que están listas y en capacidad de
facilitar acercamientos, a pesar de su reputación como impugnadores de
acuerdos de comercio internacional.

Reafirmar su legitimidad será uno de sus objetivos esenciales de
las cuatro naciones, que representan 40 por ciento del producto interno
bruto mundial, durante la cumbre que sostendrán en Brasilia entre el 15 y
16 de abril próximos. De acuerdo con Roberto Jaguaribe, subsecretario
de Asuntos Políticos de la Cancillería brasileña y embajador jefe de
Brasil en la cumbre, los BRIC -como se conoce a estos cuatro países- no
tienen intención de antagonizar al mundo industrializado y entorpecer
acuerdos internacionales.

“No tenemos interés en segregarnos de otros grupos ... y
establecer nuestras propias reglas. Estamos tratando de cooperar dentro
del formato multilateral para dar forma a las nuevas normas”, afirmó en
una entrevista.

Entre las propuestas consideradas por los países del G-20 se
encuentran: requerir que los bancos mantengan mayores capitales de
reserva, frenar altas bonificaciones que estimulan riesgos excesivos y
establecer impuestos a la industria financiera para ayudar a cubrir el
costo de rescates futuros.

Todo esto necesita coordinación internacional para ser efectivo.
Alemania, recientemente, avanzó en su decisión de imponer un impuesto a
la banca y afirmó que lo hará con o sin una norma internacional que lo
requiera. Aunque es una decisión loable, sus críticos se preocupan, con
razón, de que los bancos se trasladarán a naciones que no les exijan el
pago de tributos.

No hay duda de que las regulaciones más estrictas que salvaron de
la crisis financiera a Brasil y otros países emergentes fueron el
legado de su historia financiera turbulenta. Pero, la esperanza es que,
tal como demostraron ser capaces de aprender la lección, estas naciones
puedan alentar a las economías más ricas a que también la aprendan.

(Marcela Sánchez ha sido periodista en Washington desde comienzos
de los noventa y ha escrito una columna semanal hace siete años.)