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Gobierno de Uribe habría ordenado interceptación de teléfonos

Así declaró un ex funcionario del DAS con respecto a la interceptación de teléfonos de magistrados, periodistas y políticos.  

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Un ex funcionario del espionaje colombiano afirmó que el Gobierno de Álvaro Uribe ordenó a la central de inteligencia seguir e interceptar las llamadas telefónicas de magistrados, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos del país, informó este sábado la fiscalía.

El fiscal encargado del caso, Misael Ramírez, reveló el contenido de la declaración de un ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la sesión en la que confirmó su acusación por concierto para delinquir, prevaricación y abuso de autoridad a cinco miembros de la institución.

De esta forma, Ramírez determinó la responsabilidad de los ex jefes del DAS Fernando Tabares y Jorge Lagos; así como la participación de los funcionarios Bernardo Murillo, Luz Marina Rodríguez y Germán Albeiro Ospina en la violación de la privacidad de centenares de personajes de la vida pública colombiana.

Según el testigo, se celebró una reunión en la sede del Ejecutivo, el Palacio de Nariño, en la que la directora del organismo de seguridad de entonces, María del Pilar Hurtado, recibió del Gobierno la orden de espiar a los integrantes del alto tribunal.

Además de "chuzadas" (como se conocen en Colombia las escuchas) y seguimientos ilegales, la fiscalía explicó que se ordenaron infiltraciones a algunos magistrados.

Según la investigación del Ministerio Público, se habrían grabado reuniones de miembros de la Corte Suprema en las que se trataban asuntos sobre la extradición de delincuentes o se debatía sobre la reelección del Uribe antes de que quedara anulada por considerarse inconstitucional.

Con los datos de las infiltraciones e información detallada de los domicilios y transacciones económicas de los magistrados se elaboraron más tarde hasta 17 perfiles de magistrados de los que el el servicio de espionaje se centró en cinco.

Además, reveló que fueron señalados como "objetivo político" la senadora liberal y mediadora ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Piedad Córdoba, y el candidato a la presidencia por el izquierdista Polo Democrático para las elecciones del 30 de mayo, Gustavo Petro.

Según las presunciones de la Fiscalía, la subdirección del DAS ordenó que se interceptaran las llamadas de Córdoba, así como sus desplazamientos en Colombia y en otros países.

Sobre Petro, se habría iniciado una recopilación de datos de sus allegados e, incluso, la fiscalía citó el hallazgo de una carpeta identificada como "familia".

Rodríguez consideró que estos indicios apuntan a la existencia de una "empresa criminal" de la que formarían parte los cinco funcionarios acusados de los delitos de concierto para delinquir, prevaricación por acción y abuso de autoridad agravado.

Éste es un nuevo capítulo en el caso que sacude al DAS desde el 2004, cuando fueron ventilados en los medios de comunicación las actividades ilegales de ese organismo, que depende de la Presidencia de la República.

Entre los seguimientos y escuchas ilegales contra personalidades se incluyeron al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; la premio Nobel de Paz iraní, Shirin Ebadi; funcionarios de las Naciones Unidas; magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema; ex comisionados de paz o el actual embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

Los cinco funcionarios fueron detenidos el viernes, dos días más tarde de la captura de Gian Carlo Auque D'Silvestri, quien estaba estrechamente relacionado con el ex director del cuerpo de inteligencia, Jorge Noguera.

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