Responsables de
varias asociaciones de
mujeres de Guatemala pidieron este martes en Madrid la presión política
europea necesaria para que el Gobierno de su país "asuma la
responsabilidad que tiene como copartícipe y cómplice de la
violencia contra las mujeres" en ese país centroamericano.

Las
voces de las luchadoras por los derechos de las mujeres
guatemaltecas se hicieron oír en la Casa de América de la
capital española, en el seminario internacional sobre "Femicidio e
impunidad en América Latina", que durante dos días intentará llamar
la atención sobre uno de los problemas más importantes de la región.

Dos
años después de la entrada en vigor de la "Ley contra el
Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer" en Guatemala,
el asesinato de mujeres siendo un fenómeno al alza en el país junto
al de la trata de personas.

En constatar esa realidad
coincidieron, en una entrevista, Angélica Valenzuela, directora del Centro guatemalteco de
Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), y Esmeralda
Alfaro, gestora de proyectos de Tierra Viva.

Las dos aseguraron
que desde la aprobación de la Ley los avances
son pequeños, pero "al menos en el terreno jurídico algo se ha
logrado, porque ya existe el reconocimiento del fenómeno y la
conciencia de que a las mujeres se les está matando por el hecho de
serlo".

La directora del CICAM destacó además la creación de
nuevas
figuras delictivas, "que antes no eran calificadas como tales", como
la violencia psicológica, la patrimonial, "que no económica", o el
acoso sexual, "así como el contar con una nueva normativa para los
temas de violencia, explotación y trata de mujeres, que antes iban
unidos".

Entre esos pequeños avances, que Valenzuela calificó
como "hits
(logros)", se encuentran las once sentencias favorables sobre
femicidios conseguidas en los dos últimos años, un "gran éxito" para
las responsables de las asociaciones porque "hay que tener en cuenta
lo lentos que son los procesos penales en el país".

"La ley se
está aplicando inmediatamente, hay mucha presión
política con el tema", remarcó.

Según un informe de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional y el Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica, entre el 2000 y el año pasado, fueron asesinadas en
Guatemala 5.027 mujeres.

Sin embargo, el desconocimiento por
parte de muchas mujeres,
principalmente entre la población indígena, de la existencia de una
legislación que les ampara ensombrece "un poco" los pequeños
triunfos.

"Tienen que saber que pueden acceder a la justicia, que
poseen
una herramienta de cambio, de defensa", indicó Valenzuela.

En ese
sentido, la representante de la asociación Tierra Viva
aseguró que el principal escollo con el que se encuentran es que las
políticas planteadas por el Estado "aún no responden a las
necesidades de muchas mujeres, especialmente a la de las indígenas".

"La
visión del Estado es incluso ladina, porque plantea un tema
de cambios de políticas pero no refleja realmente en qué condiciones
están respondiendo a las mujeres", dijo.

Esas políticas, según
Alfaro, se debe traducir a nivel local, a
las agendas de los ayuntamientos, es decir que si se plantea que hay
una ley sobre femicidio "mínimamente el alcalde o el alcalde
auxiliar tienen que conocerla para transmitirla y ayudar a orientar
a las mujeres de su comunidad, pero eso todavía no se da".

Por
eso, desde la organización, las trabajadoras de Tierra Viva,
tratan de "popularizar" esas leyes para que las mujeres entiendan su
significado, "porque muchas no pueden creer aún que pueden plantear
una denuncia por ser maltratadas".

"Hemos logrado cambiar algo,
pero falta mucho que hacer todavía
en ese sentido, porque las garantías reales que las denunciantes
necesitan no existen. No tenemos recursos suficientes", apuntó
Alfaro.

Y en esa línea, ambas activistas denuncian también que
son las
asociaciones de mujeres las que están asumiendo el papel que debería
corresponder al Estado, "y mientras lo sigamos haciendo nada
cambiará realmente".

"El gobierno de Guatemala debe reconocer el
impacto que tiene la
violencia contra las mujeres y darle una respuesta integral, desde
los tres poderes. En los últimos años estamos viendo un
posicionamiento un poco diferente, pero sólo desde el Ejecutivo",
señalaron.