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Dos indígenas mexicanas luchan por ser libres

Condenadas a 21 años de cárcel por el secuestro de seis agentes de la fiscalía, ven hoy por fin luz al final del túnel.

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Dos indígenas mexicanas
condenadas a 21 años de cárcel por aparecer en una fotografía que
fue utilizada para acusarlas de secuestrar solas y sin armas a seis
agentes de la fiscalía, ven hoy por fin luz al final de un túnel
jurídico plagado de supuestas irregularidades e injusticias.

Tras
cuatro años en prisión, Alberta Alcántara y su cuñada Teresa
González, de 31 y 26 años, son optimistas: "Vamos a echarle ganas y
no vamos a perder la esperanza", señala la segunda en una entrevista, en la que reconoce la importancia que
tiene que la Suprema Corte haya decidido examinar su caso.

A
juicio de las dos mujeres de la etnia otomí, recientemente
declaradas presas de conciencia por Amnistía Internacional (AI), esa
decisión puede significar "que ya es lo último" que vivirán como
mujeres privadas de la libertad.

Ingresaron en una prisión de
Querétaro después de que un
mercadillo en la pequeña localidad de Santiago Mezquititlán, en el
estado central de Querétaro, fuera tomado por sorpresa por un grupo
reducido de agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones
(AFI) el domingo 26 de marzo de 2006.

Los agentes, vestidos de
civil, sin identificaciones ni
documentos judiciales que avalaran una supuesta operación en busca
de drogas y artículos de piratería, amenazaron a los vendedores con
confiscarles la mercancía, y en el proceso destruyeron varios discos
compactos y películas piratas.

Ante los destrozos que
presuntamente causaron, un uniformado fue
retenido unas horas por los vendedores, hasta que se les reembolsó
su mercancía, en un hecho que fue cubierto por el diario "Noticias"
de San Juan del Río, medio que publicó una serie de fotografías en
las que se ve a decenas de pobladores discutiendo con los agentes.

El
diario, que asegura que los agentes pagaron entre 60.000 y
80.000 pesos (entre 4.800 y 6.400 dólares) por los destrozos y la
libertad de uno de sus compañeros, señaló al día siguiente de los
hechos que "al llegar a Santiago Mezquititlán, se pudo constatar que
el agente no había sido privado de su libertad".

Casi cinco meses
después de los hechos, tres mujeres, las dos que
están en prisión y otra que ya fue excarcelada, fueron detenidas
como autoras del secuestro no de no uno sino de seis policías, y dos
condenadas a 21 años de cárcel.

El juez consideró válidas las
pruebas que los seis agentes de la
AFI, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR,
fiscalía federal), presentaron después de que ellos mismos
investigaron su supuesto secuestro, y las fotografías
del periódico,
donde aparecen decenas de personas.

Por alguna razón, las
imágenes sirvieron para acusar sólo a tres
mujeres, dos de las cuales pasan todavía sus días encerradas junto a
146 presas más en el penal femenino de mediana seguridad del estado
de Querétaro, a unos 212 kilómetros al noroeste de la capital
mexicana.

Alberta Alcántara, que como su cuñada Teresa es
indígena otomí,
habla castellano y también la lengua hñahñú, explicó que el
único crimen que cometió ese día fue pedirle a uno de los hombres
vestidos de civil que decomisaban mercancía en el mercado su
identificación "para saber si era un AFI o un ratero".

Los demás
comerciantes la apoyaron, lo que derivó en la
retención. "El dinero que nos dieron no fue rescate sino el pago de
los discos", sostiene Alcántara vestida con una camiseta que le
regaló la Amnistía Internacional, en la que se lee "Vivir con
dignidad es un derecho humano".

Alberta, que también fue acusada
de llevar consigo cocaína en el
momento de su captura, dice que vio por primera vez en su vida a los
uniformados que la culpan de secuestro muchos meses después en un
juzgado, cuando ya estaba detenida.

"Cuando eres pobre e indígena
es cuando menos te hacen caso",
lamentó durante la entrevista.

La defensa de las mujeres fue
tomada hace poco por abogados del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),
con la colaboración de AI, que las declaró presas de conciencia.

Ambas
organizaciones lograron antes la excarcelación de una de
las tres condenadas, Jacinta Francisco, quien fue liberada después
de que la fiscalía federal retirara los cargos contra ella, pero no
se le resarció por el tiempo en prisión.

Andrés Díaz, abogado del
Centro Prodh, explicó que en el
proceso ha habido "fabricación de pruebas, falta de garantías
judiciales y discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres".

La
serie de inconsistencias judiciales del caso llamó la atención
de la Suprema Corte de Justicia de México que decidió el pasado 17
de marzo examinar, de forma excepcional, el recurso de apelación
interpuesto en favor de las dos mujeres.

Por su parte, Teresa
González, quien dio a luz tras las rejas a
una niña que hoy tiene un año y dos meses, confiesa que en principio
le dio "risa" que las acusaran de someter solas a seis hombres.

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