El opositor venezolano Oswaldo Álvarez
fue detenido anoche tras haber declarado a un canal de televisión
que el Gobierno del presidente Hugo Chávez violaba derechos humanos
y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.

Después de que el pasado viernes fuera citado a la Fiscalía,
Álvarez afirmó a la prensa que ratificaba todo lo dicho el 8 de
marzo en un programa de la emisora privada Globovisión respecto a
los vínculos del Ejecutivo con "violaciones de los derechos humanos,
el terrorismo y el narcotráfico".

La Fiscalía indicó que lo imputó el viernes por la presunta
comisión de los delitos de "conspiración, instigación pública a
delinquir y difusión de información falsa", y recordó que lo primero
puede ser castigado con pena de 8 a 16 años de prisión, el de
instigación a delinquir con 3 a 6 años y el de difundir información
falsa con 2 a 5 años.

El ex gobernador del estado de Zulia (noroeste), ex presidente de
la Cámara de Diputados y ex candidato presidencial dijo que una de
las fuentes en la que se basó su acusación fue el expediente del
juez español Eloy Velasco sobre la presunta complicidad del Gobierno
con el grupo terrorista ETA y con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).

Constituye "un exabrupto" ser acusado "de semejantes crímenes,
por unas declaraciones ofrecidas en base a una resolución del juez
de la Audiencia (Nacional) española, Eloy Velasco", sobre indicios
de colaboración del Gobierno venezolano con la ETA y las FARC,
remarcó Álvarez el pasado viernes.

"Se le está imputando un delito contra los poderes nacionales"
pese a que lo declarado "no tenía nada extraordinario", porque
Álvarez se limitó a dar cuenta de "un estudio citado por todo el
mundo", dijo hoy a su vez a la emisora Unión Radio Omar Estacio, el
abogado de Álvarez.

El abogado sostuvo que "no será fácil" defenderlo, porque en
Venezuela "todos estamos en libertad condicional".

En una primera reacción a la detención, el "Foro Siglo XXI", una
instancia de estudios sociales de la que Álvarez forma parte, dijo
en un comunicado que le expresaba su "total solidaridad
democrática".

Álvarez "no ha hecho otra cosa que ejercer el libre derecho a la
expresión" y después de que fuera citado a la Fiscalía "con la
celeridad propia del perseguidor autócrata" ahora "ha sido
detenido", dijo el "Foro Siglo XXI".

"El régimen ha puesto en práctica la apertura de procesos
judiciales contra los disidentes que ejercen los resquicios que
quedan de libertad de expresión", añadió.

La investigación contra Álvarez comenzó el 9 de marzo a raíz de
la denuncia realizada por los diputados oficialistas Manuel Villalba
y Pedro Lander, de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional.

Estos dos legisladores consideraron que Álvarez debía ser
"sancionado" por decir que "Venezuela se ha convertido en un centro
de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico" y
sostener que el Gobierno de Chávez, además de violar los derechos
humanos, tiene relaciones con ETA y las FARC.