México se ha convertido en la trampa de miles de migrantes de Centroamérica y Sudamérica que son secuestrados cada año cuando atraviesan ese país, según denunciaron el lunes activistas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una audiencia del 138 período de sesiones de la CIDH, organizaciones religiosas y humanitarias acusaron al Estado de México de abandonar a los 18.000 emigrantes secuestrados, que convirtieron 2009 en el "año maldito" del fenómeno.

El director del albergue "Hermanos en el Camino de la Esperanza", Alejandro Solandide, denunció la "falta voluntad política" para frenar el problema y la "complicidad" y encubrimiento de agentes del Estado en este tipo de delitos."Es muy difícil ver la línea que separa a los autores de los secuestros por la implicación tanto de funcionarios públicos como de delincuentes del crimen organizado", aseguró.

El camino de migrantes a este tipo de secuestros empieza en los países de origen, según apuntó Oliver Bush Espinosa, del Instituto de Migración de México, desde donde se coordinan ya las redes del crimen organizado.

En territorio mexicano, son atrapados y conducidos a las conocidas como "casas de seguridad", donde se les exige el número de teléfono de sus familiares y sufren palizas y torturas, según los denunciantes.

"(Esos lugares) son infiernos. Sufren torturas. Sirven de ejemplifización para mutilar y asesinar a migrantes reacios a pagar el rescate", describió el reverendo Pedro Pantajo Arreola, del albergue Casa del Migrante Belén.

En 2006, las cifras de secuestros se dispararon, indicó Solandide, pero el problema se expandió en 2009 como una "masacre lenta y silenciosa", que los denunciantes explican por "la descomposición moral" del Estado mexicano y la creciente violencia organizada e impunidad judicial.

En esos tres años, la industria del secuestro masivo "se ha perfeccionado", especialmente en el estado de Veracruz, y ha conseguido generar ganancias de 50 millones de dólares en seis meses, según los informes citados por los organizaciones humanitarias.

A parte de la falta de investigación de los delitos y la "inmensa indefensión" de los migrantes, Solandide denunció las "insuficientes medidas y mecanismos" tomados por el Estado ante este colectivo, como la escasez de infraestructuras y personal para alojar, asistir o reparar a las víctimas.

En su lugar, organizaciones como las de los denunciantes atienden a las víctimas, un compromiso que les ha colocado también situación de riesgo. "Nuestras casas de migrantes están siendo amenazadas y agredidas por autoridades mexicanas y miembros del crimen organizado, de manera que nos hemos visto obligados a solicitar medidas cautelares a esta misma Comisión", aseguró monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo y Presidente del Consejo del Centro Fray Juan de Larios.

En representación del Estado, Bush Espinosa expuso las medidas iniciadas desde el Instituto de Migración para afrontar el problema y manifestó "la preocupación" y el "compromiso inamovilible" del Estado mexicano para erradicar una plaga de delitos que, en muchos casos, no se conocen.

Según apuntó, el Estado se ve incapacitado para investigar ante la omisión de denuncias, por lo que agradeció la solicitud de audiencia y tendió la mano a los peticionarios a trabajar "más coordinadamente con la sociedad civil".

También en nombre del Estado, el director de Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín, expresó su desacuerdo con lo expuesto por los grupos peticionarios, pero aseguró respetar las afirmaciones realizadas.

"Hay calificaciones que se han hecho aquí que no comparto y no las voy a revertir. Pero propongo el compromiso de entregar a la Comisión un informe" sobre el fenómeno, señaló.

El presidente de la CIDH, Felipe González, aceptó la propuesta y expresó su deseo de que una delegación del organismo pueda visitar el país para comprobar en el lugar la magnitud de los hechos.